
*** Jueces y Magistrados de Tamaulipas iniciarán los recursos jurídicos contra esta reforma, porque afecta el estado de derecho.
Por: REDACCIÓN.
TAMPICO, TAM.- Integrantes del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas dieron a conocer la posibilidad de interponer recursos jurídicos contra la reforma que pretenden el ejecutivo y el legislativo.
Durante un encuentro de trabajadores del PJFT en su auditorio, cuatro integrantes externaron su opinión sobre el tema que tiene a México en el ojo del huracán.
“La posibilidad de que se impugne a través de la vía de la controversia constitucional la reforma al poder judicial es viable”, consideró Luis Enrique Burgos Flores, juez del Segundo Tribunal Laboral en Asuntos Individuales con sede en Tampico.
Destacó que se debe entender que la misión primordial de los órganos constitucionales es la protección de los derechos humanos.
“La Corte Interamericana ha establecido que todo estado debe tener un medio de impugnación a través del cual se protejan estos derechos. Por ello estimo que sí hay los medios para impugnar esta decisión ya que está en juego el estado de derecho y la división de poderes. Una nueva reflexión implica que se analice aquello que atente contra el estado de derecho”, resaltó.
Kenia Alejandría Hernández Flores, jueza del Tercer Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales y coordinadora de jueces y magistrados de Tampico, señaló por su parte que tratar de poner a un poder debajo de los demás es contrario a los estados democráticos.
“Ese es el sustento del estado democrático en el que se supone que vivimos. Vivimos en realidad en un solo poder que se divide en tres para mantener el equilibrio. Incluso, el poder judicial es el árbitro cuando hay discusiones entre legislativo y el ejecutivo. Y ahora se quiere someter un poder debajo de los otros que actualmente tienen un partido mayoritario, y eso es contrario a un estado democrático”.
Además, Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal y del trabajo en Tampico, señaló que hay un régimen especial para poder impugnar.
“También es importante decir que cada una de las partes procesales es libre de hacer lo que corresponda. Una cosa es lo que hagan y otra es lo que deben de hacer. Una cosa es el mundo real y otra es la cuestión que se desea. Si se desea que haya estado de derecho se desea que se hagan las cosas de una manera correcta. Creo que actualmente estamos en el fruto de una confrontación maniquea”, dijo.
Por último, Guillermo Cuautle Vargas, Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en materias penal y del trabajo en Ciudad Victoria, refirió que el auto que le fue notificado al poder legislativo claramente le indica que la violación de la medida suspensional, entraña la comisión de un delito que es equiparable al abuso de autoridad, previsto en el artículo 266 fracción primera de la Ley de Amparo.
“De consumarse o seguirse ejecutando el acto que se reclama, se daría vista al agente del ministerio público de la Federación para los efectos a que haya lugar. Esto significa que todo el órgano debe atender la suspensión que se otorgó, ese es el régimen de derecho y eso es lo que debería hacer el poder legislativo”.