*** Imperdonable que el DIF Madero aún no haya intervenido para restituir a la menor su derecho a una vida libre de violencia
Por: REDACCIÓN.
TAMPICO, TAM.- Se cumplen dos semanas de que la corrupción separara de manera violenta a Gabriela Salazar de su hija de 3 años.
Al respecto, colectivas feministas recordaron que el pasado 29 de agosto del 2025, Alejandro Ávila Limas, agresor de Gaby y su hija, arropado por la corrupción, irrumpió violentamente en el domicilio en el que Gaby y su pequeña han vivido durante el último año y medio. Alejandro no llegó solo, lo acompañaba la orden de la jueza Roxana Ibarra Canul que hoy está bajo investigación, un actuario, agentes de la Guardia Estatal, dos abogados y otros hombres que a empujones, jalones y gritos, arrebataron a la pequeña de los brazos de Gaby.
A través de un comunicado, mencionaron que a dos semanas de este traumático suceso, Gaby no ha parado ni un día de luchar por recuperar a su hija. Y a pesar de que las instituciones han reconocido que se violaron todos los protocolos que priorizan el bien superior de la menor, que la sentencia es ilegal y que Alejandro Ávila Limas es un agresor, al día de hoy ninguna institución ha logrado sacar a la menor del lugar donde posiblemente pueda estar sufriendo violencia física, psicológica y de cualquier otro tipo.
Gaby busca la protección de la justicia desde hace más de año y medio por las múltiples violencias que sufrió a manos de Alejandro Ávila Limas y hasta ahora, ésta le ha dado la espalda, permitiendo que su agresor se burle de la justicia y de ella, añade el documento.
Si la justicia hubiera sido tan rápida y eficaz como lo fue para darle la custodia a Alejandro, hoy Gaby estaría en paz en su casa, sanando y procurando el bienestar de su hija, y Alejandro muy probablemente, estaría tras las rejas.
Asimismo destacaron que muchas preguntas quedan en el aire:
¿Qué relación tiene Roxana Ibarra Canul con el agresor Alejandro Ávila Limas, para prestarse a este cochinero? ¿Recibió alguna dádiva? ¿Por qué se acumulan denuncias en su contra por mala práctica y no ha recibido ninguna sanción?
¿Quién está protegiendo a Alejandro Ávila Limas? Ya que solo bajo la protección de alguien de muy arriba, se pueden entender todos los beneficios que recibe por parte del sistema de procuración de justicia.
¿Por qué el DIF Ciudad Madero no ha restituido a la menor su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral y su derecho a ser escuchada a una menor que bajo violencia fue sacada de su hogar?
¿Qué se necesita para que a Gabriela Salazar le sea restituida la custodia de su hija, para que Roxana Ibarra Canul sea sancionada, pero no solo ella, sino también el actuario y los agentes de la Guardia Estatal que se prestaron para ese ilegal y traumatizante suceso que rompió la armonía de un hogar y la estabilidad emocional de una menor de tres años y las personas que le brindaban cuidados y amor?
¿Cuándo terminará la tortura psicológica que ha significado para Gaby, el buscar la protección de la justicia?
¿Cuándo el DIF Tamaulipas procurará el bienestar de la menor y la sacará de ese entorno turbio y violento?
¿Cuándo Alejandro Ávila Limas enfrentará a la justicia por la violencia ejercida contra Gaby durante diez años y de la que su hija también fue víctima, pero también por los actos de corrupción con los que ahora, está ejerciendo Violencia Vicaria contra Gaby y su hija?
“Exigimos respuestas a estas preguntas.
“Exigimos que la menor sea restituida a su lugar seguro que es con su familia materna.
“Exigimos sanciones a Roxana Ibarra Canul y quienes se prestaron a la sustracción violenta de la menor.
“Exigimos
#JusticiaParaGaby
#UnAgresorJamásSeráBuenPadre
#NoMásViolenciaVicaria
“Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.
Atentamente.
Colectiva Feminista Mujer Manglar
Frente Feminista Tamaulipeco
Asesoría Jurídica feminista
Colectiva Xólotl
Matamoros Decide
