*** Señalan a autoridades por violaciones a derechos humanos y omisiones graves
Por: REDACCIÓN.
XALAPA, VER.- En Veracruz prevalece una preocupante omisión legislativa para prevenir y sancionar el delito de tortura, lo que ha derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del sistema judicial y penitenciario de la entidad, denunciaron abogados penalistas encabezados por Perla del Carmen Morales Solano, defensora de derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, Morales Solano acusó que el Congreso del Estado, la Gobernadora de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) han incumplido con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura, al mantener una fiscalía especializada sin autonomía real, lo que impide una investigación imparcial y efectiva.
La litigante reveló que representa a tres personas de nacionalidad estadounidense, recluidas desde hace tres años en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Poza Rica, quienes —afirmó— fueron torturados física y psicológicamente tanto durante su detención como dentro del penal.
“Se les obligó a confesar mediante golpes, sin traductor ni abogado. No hablan español, son ciudadanos estadounidenses que no comprendían las órdenes; fueron agredidos antes de ser llevados ante un juez”, denunció Morales Solano.
Agregó que sus representados enfrentan acusaciones fabricadas por privación ilegal de la libertad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, presuntamente con el fin de presentar resultados falsos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los detenidos, dijo, permanecen en prisión preventiva sin sentencia desde hace casi tres años, padeciendo cobros dentro del penal para poder alimentarse o recibir visitas. Uno de ellos padece diabetes y ha tenido dificultades para acceder a su tratamiento médico.
Además, no se han realizado los dictámenes médicos y psicológicos del Protocolo de Estambul, indispensables para acreditar tortura, a pesar de que la denuncia fue interpuesta desde mayo de 2024.
La abogada sostuvo que la Fiscalía Especializada en Tortura carece de independencia, pues forma parte de la misma institución señalada por las agresiones:
“Nadie puede ser juez y parte. Si la propia Fiscalía está señalada por tortura, no puede investigarse a sí misma”, enfatizó.
Morales Solano advirtió que, a diferencia de otros estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit, donde ya existen fiscalías autónomas para atender estos delitos, Veracruz sigue en rezago, con solo un proceso penal por tortura en curso: el del exfiscal Jorge Winckler.
Ante la falta de acción legislativa, la defensa promovió un juicio de amparo por omisión del Congreso local, aunque las autoridades estatales negaron la falta de cumplimiento argumentando que ya existe una fiscalía especializada, sin reconocer que la ley exige independencia orgánica y operativa.
Asimismo, acusaron que la Embajada de Estados Unidos en México no fue notificada de la detención de los ciudadanos norteamericanos, incumpliendo los tratados internacionales sobre asistencia consular. La notificación oficial se realizó hasta marzo de 2024, tras insistentes solicitudes de la defensa.
Audiencias judiciales, entre el rezago y la simulación: Mercado Zamora
Por su parte, el abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, también defensor del caso, denunció que el Poder Judicial de Veracruz incurre en malas prácticas y deficiencias operativas, al grado de prorrogar prisiones preventivas sin realizar audiencias.
“En Veracruz, menos de la mitad de las audiencias programadas se realizan; muchas se resuelven de escritorio por falta de planeación”, denunció.
Explicó que se programan hasta 45 audiencias en un día, pero solo se concretan menos de la mitad, debido a una deficiente organización, lo que prolonga los procesos y viola el derecho a una justicia pronta y expedita.
“La ley no se cumple. Los procesos se vuelven eternos y la justicia no llega ni para las víctimas ni para los acusados”, subrayó Mercado Zamora.
Finalmente, ambos juristas hicieron un llamado urgente al gobierno estatal, al Congreso y al Poder Judicial para detener la impunidad y legislar con responsabilidad.
(Fuente: Periódico Enlace del Golfo).
