*** Cuenta con una trayectoria impecable en el ámbito jurídico, con un posgrado en USA, en la Universidad Western School of Law en San Diego, California; además de contar con un currículum de apartidista, lo que garantiza no politizar el importante cargo
Por: Redacción/ESPECIAL.
CIUDAD MADERO, TAM.- Gran relevancia ha tomado la carrera por presidir la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, y aunque no se trata propiamente de una competencia, trasciende la importancia de este cargo para los tamaulipecos.
Es de resaltar que los candidatos comparecerán ante los diputados, quienes tendrán un plazo de diez días para elegir al nuevo Fiscal General, en sustitución de Irving Barrios Mojica, cuyo periodo concluye el próximo 15 de diciembre.
PRÓXIMO FISCAL GENERAL DE TAMAULIPAS
En la terna todo indica que podría quedar incluido el Tampiqueño Juan Hernández Flores, quien actualmente es Presidente del Colegio de Juristas de Tamaulipas (CJT), y quien tiene una carrera destacada en el ámbito jurídico, con un posgrado en USA, en la Universidad Western School of Law en San Diego, California.
Con la finalización del periodo de Irving Barrios Mojica este próximo 15 de diciembre, sería muy positivo que un litigante de la zona sur de Tamaulipas, quedara a cargo de esa Fiscalía, por la relevancia que tiene la región, en términos de aportación y desarrollo a la economía del Estado.
Cabe señalar que Juan Hernández, quien fungió también como Vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, presentó su solicitud dentro del plazo establecido por la convocatoria publicada el pasado 14 de noviembre.
La convocatoria cerró este 20 de noviembre, y se espera que en el plazo estipulado se dé a conocer al nuevo Fiscal de Justicia de la entidad.
Otro de los atributos que son considerados fundamentales en este tipo de cargos es la cuestión política, es decir la inclinación de los aspirantes hacia algún partido; por lo que cobra mayor relevancia el Lic. Juan Hernández Flores, quien es apartidista y garantiza plenamente la independencia total de la toma de decisiones en este puesto clave para la impartición de justicia en el Estado.
