*** Gobierno de Tamaulipas: Crónica de una mediocridad anunciada
POR I. GUADALUPE DÍAZ HERNÁNDEZ.
Cuando un gobernador acusa a los medios de “fabricar emociones”, no está defendiendo su gestión: está negando la realidad. Y negar la realidad, en TAMAULIPAS, se ha convertido en una política de gobierno. Porque el rumbo que se vive todos los días en CIUDAD VICTORIA y en el estado no es progreso ni estabilidad; es indefensión social, simulación institucional y una cadena de decisiones que exhiben incapacidad para gobernar.
El sector SALUD es el ejemplo más claro del desastre. En el HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS, trabajadores han denunciado nepotismo, acoso laboral y nombramientos cuestionados. Los señalamientos apuntan a MARGID, por designar como jefa de Recursos Humanos a BEATRIZ ADRIANA ALVARADO MONITA, pese a cuestionamientos sobre perfil profesional, antecedentes administrativos y conflictos de interés. Se ha señalado, además, la cercanía con GLORIA GARCÍA y la presencia de un familiar directo en el mismo departamento. En un hospital donde se cuelgan letreros de “cero nepotismo”, la práctica denunciada desnuda el doble discurso.
La responsabilidad política no se diluye. A la cabeza del sistema de salud está JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO, secretario del ramo, cuyo paso por la dependencia ha estado marcado por bochornos administrativos y quejas reiteradas: quirófanos que se mojan, elevadores inservibles, desorganización del personal, contratos de medicamentos cuestionados y decisiones que priorizan amistades. En el HOSPITAL INFANTIL, la dirección recae en VICENTE PLASCENCIA, un cirujano plástico sin especialidad pediátrica, de acuerdo con denuncias internas. No es un detalle menor: la salud pública no admite improvisaciones.
El caso PAOLA sigue siendo una herida abierta. La familia ha señalado la actuación de un anestesiólogo —hijo del propio secretario— y la percepción de uso del poder para frenar investigaciones. Durante una visita presidencial, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM escuchó directamente a los familiares; aun así, el respaldo político a JOEL HERNÁNDEZ se mantuvo. El mensaje hacia la calle fue devastador: la cercanía protege, la verdad espera.
A ese panorama se suma ahora un hecho todavía más grave: al secretario de SALUD se le retiró el control de los recursos. No por decisión administrativa ordinaria, sino porque avanzan investigaciones federales por presuntos actos ilegales en los ejercicios 2024 y 2025, principalmente por el otorgamiento de contratos a empresas “amigas”.
El movimiento más reciente —ordenado no difundirlo públicamente— fue el nombramiento de HORACIO MALDONADO IBARRA como nuevo director de Recursos Materiales, tras el cese de DORA ORALIA VALDEZ ZOZAYA. VALDEZ ZOZAYA continúa bajo investigación de la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por al menos un contrato millonario financiado con recursos federales a finales de 2024. No es un dato menor: esposa de ANTONIO VARELA FLORES, secretario estatal de DESARROLLO RURAL.
Antes, ya había sido cesada la subsecretaria de Administración, y con la reestructura orgánica anunciada en noviembre se nombró a ADRIÁN VILLANUEVA GÓMEZ como director de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, en relevo de CAROLINA ARRIAGA FLORES. Los cambios no fueron cosméticos: respondieron a denuncias formales presentadas por proveedores ante la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y la SECRETARÍA FEDERAL ANTICORRUPCIÓN, donde se documenta una presunta red de favoritismo para direccionar contratos.
Lo más inquietante es que, pese al cese ordenado “al más alto nivel”, empleados de la propia dependencia aseguran que DORA ORALIA VALDEZ ZOZAYA permanece en nómina, con oficina asignada —la que antes ocupaba el particular del secretario—. En este gobierno, los ceses no siempre significan salidas; a veces son solo reacomodos para ganar tiempo mientras las investigaciones avanzan.
Y no es todo. Una nueva denuncia por presuntos actos ilegales en contratos y servicios está por presentarse. Es decir, la crisis en SALUD ya no se limita a hospitales colapsados, nepotismo y decisiones médicas cuestionables: alcanza directamente el manejo del dinero público.
Cuando un secretario pierde el control de los recursos en medio de investigaciones federales, el problema deja de ser administrativo y se vuelve político. Y cuando el gobernador guarda silencio ante eso, la responsabilidad ya no es ajena.
En seguridad, el patrón es el mismo. Carreteras sitiadas, pueblos en alerta, elementos caídos y silencio oficial. El contraste es obsceno: el poder viaja blindado; la ciudadanía, no. Repetir que “Tamaulipas es seguro” desde la comodidad del escolta no pacifica; indigna. La negación constante no corrige el problema: lo agrava.
Y cuando el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA decide culpar a los medios, omite lo esencial: los hechos no los publican los periodistas, los vive la gente. Nadie obligó a este gobierno a sostener amistades incómodas, a tolerar prácticas opacas, a negar lo evidente o a administrar el silencio cuando debía dar resultados. La responsabilidad es política y tiene nombre.
TAMAULIPAS no necesita un relato mejor contado.
Necesita orden, autoridad y resultados.
Porque un gobierno que niega lo que ocurre en hospitales, carreteras y juzgados no gobierna: sobrevive. Y mientras la negación siga siendo la respuesta, el estado seguirá deshaciéndose.
POR HOY ES TODO.
LO DEMÁS SE LO CUENTO EN LA PRÓXIMA.
