Por: I. GUADALUPE DÍAZ HERNÁNDEZ.
*** LA JUSTICIA QUE NO TERMINA DE LLEGAR
La justicia en Tamaulipas se promete, pero no se concreta.
Cd. Victoria, Tam.- En TAMAULIPAS, el nombre de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA lleva años flotando en el ambiente judicial como una promesa inconclusa. Expedientes van, expedientes vienen. Resoluciones se anuncian, órdenes se validan, amparos se niegan. Y, sin embargo, hasta hoy, el resultado es el mismo: nada ocurre.
Esa es la realidad, por más incómoda que resulte para unos y tranquilizadora para otros.
La narrativa oficial habla de avances legales, de cerco judicial y de expedientes sólidos. Pero en los hechos, el exgobernador sigue fuera del alcance de la justicia mexicana. No hay detención. No hay comparecencia. No hay proceso abierto en tribunales con el acusado sentado frente al juez. Solo una larga lista de resoluciones que no se traducen en consecuencias.
Y en política, la diferencia entre anunciar justicia y ejercerla es abismal.
El reciente aval judicial a órdenes de aprehensión, así como la negativa de amparos a miembros del círculo familiar del exmandatario, alimenta titulares y reactiva el debate público. Pero también revive una pregunta que ya se volvió recurrente en Tamaulipas:
¿Esta vez sí pasará algo o estamos ante otro capítulo sin desenlace?
Porque no es la primera vez que se habla de un “punto de quiebre”. Tampoco es la primera ocasión en la que se afirma que ahora sí se agotaron las protecciones. El problema es que el tiempo pasa, los gobiernos cambian y GARCÍA CABEZA DE VACA sigue intacto.
El actual gobierno estatal ha optado por una postura discreta, casi silenciosa. No confronta, no celebra, no presiona públicamente. Una neutralidad que puede interpretarse de muchas formas: prudencia institucional, respeto a los procesos… o una tibieza calculada que evita incomodidades mayores.
No se observa una ofensiva clara ni una urgencia política por cerrar el capítulo. Tampoco una defensa abierta del pasado. Lo que hay es una distancia que, en términos prácticos, mantiene todo en suspenso.
Y mientras tanto, el expediente crece, se engrosa y se vuelve más complejo. Porque cuanto más tiempo pasa sin resolución, más se desgasta la credibilidad del sistema. No solo de este caso, sino de la idea misma de justicia.
Aquí no se trata de absolver ni de condenar desde una columna. Se trata de señalar una evidencia incómoda: hasta hoy, no le han hecho nada. Y mientras eso no cambie, cualquier anuncio seguirá siendo eso: anuncio.
Existe incluso la posibilidad —real, aunque nadie la diga en voz alta— de que nunca ocurra nada. De que el caso se diluya entre recursos legales, revisiones interminables y fronteras convenientes. En México ya ha pasado antes. Muchas veces.
La justicia que tarda demasiado corre el riesgo de convertirse en simulación. Y la simulación, cuando se vuelve costumbre, termina beneficiando a todos… menos al ciudadano.
En TAMAULIPAS, el expediente sigue abierto.
La duda también.
Y la pregunta permanece sin respuesta:
¿Algún día llegará la justicia, o seguirá quedándose en el camino?
CUANDO EL REZAGO TE NOMBRA
Hay momentos en la vida pública en los que un funcionario habla creyendo que ordena el pasado y termina exhibiendo el presente. Eso ocurrió cuando LUIS GERARDO ILLOLDI, desde la SECRETARÍA DEL TRABAJO DE TAMAULIPAS, puso un número sobre la mesa: expedientes laborales con hasta 29 AÑOS de antigüedad.
No fue un dato técnico. Fue una confesión política.
Porque en el poder, las cifras no son neutras. Pesan. Y algunas pesan tanto que terminan definiendo trayectorias completas. Veintinueve años no describen un archivo; describen una falla estructural que ha sobrevivido gobiernos, discursos y promesas. Y cuando esa falla sigue viva bajo tu responsabilidad, deja de ser ajena.
La tentación del funcionario moderno es recurrir al deslinde: “no se originaron aquí”. Es una defensa conocida. Pero en Tamaulipas esa frase ya no alcanza. No porque sea falsa, sino porque es insuficiente. El ciudadano no le exige a un Secretario del Trabajo que narre la historia del rezago, sino que la cierre.
El cargo no se ocupa para administrar excusas, sino para producir resoluciones.
Mientras se presume un nuevo sistema eficiente, rápido y funcional, miles de trabajadores siguen atrapados en expedientes que envejecieron con ellos. Esa contradicción es la que importa. Porque en política no gana quien mejor explica, sino quien mejor resuelve.
Y hay algo que todo aspirante a subir un escalón debería tener claro: los problemas que sobreviven a tu gestión se vuelven tuyos, aunque no los hayas creado. Así funciona el poder. Así funciona la memoria pública.
Decir que existen expedientes de casi tres décadas no limpia el pasado; lo reactiva. Abre preguntas incómodas:
¿Por qué siguen ahí?
¿Qué se ha hecho para cerrarlos?
¿Cuántos se han resuelto realmente, más allá del discurso?
Cada expediente pendiente no es papel. Es un trabajador que no vio justicia. Una familia que aprendió a desconfiar. Y en un estado como TAMAULIPAS, esa desconfianza se acumula, se hereda y se expresa en las urnas.
Si ILLOLDI piensa en el futuro, haría bien en entender esto: las aspiraciones políticas no se construyen con promesas de eficiencia, sino con resultados visibles. Y ninguna narrativa de transformación resiste cuando el pasado sigue abierto.
En 2027, nadie hará arqueología administrativa. Nadie preguntará quién dejó el problema. La pregunta será otra, más simple y más dura: ¿Lo resolviste o no?
Porque en política, el reloj no perdona.
Y 29 AÑOS ABIERTOS NO SON CONTEXTO.
Son sentencia.
POR HOY ES TODO.
LO DEMÁS SE LO CUENTO EN LA PRÓXIMA.
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