Por Agustin Peña Cruz*.
En política, las formas importan tanto como el fondo. Y cuando un partido como el PAN se
enfrenta a la definición de su dirigencia estatal en Tamaulipas, no se trata de un simple
trámite estatutario, sino de un acto fundacional que puede redefinir su viabilidad electoral
rumbo a 2027. La disputa interna entre dos fórmulas —una respaldada por Gloria Garza y
César Verástegui, y otra encabezada por Omeheira López e Ismael García Cabeza de
Vaca— no es sólo una competencia entre liderazgos; es un pulso entre concepciones de
partido.
El dilema es aparentemente técnico: elegir por voto directo de la militancia o mediante
consejeros estatales. El estatuto permite ambos mecanismos. Jurídicamente, no hay
ilegalidad en optar por uno u otro. Pero la legalidad no agota la legitimidad. En derecho
constitucional actual, la legitimidad política se alimenta de procedimientos que amplían la
participación y reducen la opacidad. Y en un contexto donde la desconfianza ciudadana
hacia los partidos es estructural, el método importa tanto como el resultado.
Quienes piden que “los militantes decidan” no están formulando una consigna romántica;
están señalando una crisis de intermediación. En un sistema de partidos que ha transitado
de la hegemonía a la fragmentación, los órganos colegiados internos suelen convertirse en
filtros de poder antes que en garantes de representatividad. Elegir por consejeros puede ser
estatutariamente impecable, pero políticamente riesgoso si se percibe como un mecanismo
de control cupular.
Aquí es donde el análisis sociopolítico adquiere relevancia. El PAN en Tamaulipas no sólo
enfrenta la competencia externa de Morena; enfrenta el desgaste acumulado de sus propias
fracturas. Llamar “división” a lo que algunos prefieren denominar “democracia interna” es
más que un juego semántico. Es la disputa por el relato. En términos de teoría política, la
democracia interna de los partidos es condición de posibilidad para la democracia
representativa. Sin ella, la selección de candidatos y dirigentes se convierte en una
negociación de élites, desconectada de la base militante.
La dirigencia que surja de este proceso no sólo administrará un comité; será responsable de
construir —o reconstruir— cohesión. Y la cohesión no se decreta, se legitima. Si la decisión
se percibe como impuesta, el costo se pagará en 2027. Si se percibe como abierta, el
resultado podrá ser adverso para algunos, pero más sólido institucionalmente.
Mientras tanto, el tablero rumbo a las elecciones locales de 2027 comienza a poblarse de
nombres. Jazmín Carrión, profesora de inglés que se presenta como emprendedora y
activista por las mujeres, representa la narrativa del liderazgo ciudadano con identidad
social marcada. Cuauhtémoc Zaleta Alonso, abogado con experiencia como juez mixto y
coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en la zona sur, encarna el perfil técnico-político
que mezcla experiencia jurídica y operación electoral. Y Jesús Zeferinio Lee, “Tino”,
militante de arraigo pero con dos derrotas en su historial como candidato a la alcaldía de
Altamira, simboliza la persistencia —o la terquedad, según quien lo juzgue— del político que
insiste en volver al ruedo.
En una conversación reciente con “Tino”, la pregunta fue directa: ¿persisten las
aspiraciones para 2027? La respuesta fue un “¿por qué no?”. En política, el “por qué no”
suele ser la antesala del cálculo. Pero la pregunta incómoda vino después: ¿para qué, si las
voces lo acusan de haberse “vendido” en elecciones pasadas? La réplica fue inmediata: “las
condiciones no estaban dadas”. Es una defensa clásica en la narrativa electoral mexicana:
el contexto como coartada.
Desde una perspectiva jurídica, la acusación de “venta” política es grave si implica pactos
contrarios a la ley o simulaciones dolosas. Sin pruebas, queda en el terreno de la sospecha
pública. Pero en política, la percepción es casi tan devastadora como la prueba. Y ahí
radica el desafío: la congruencia no se presume, se demuestra.
El señalamiento de que hoy existe divisionismo interno y externo en Morena como
oportunidad estratégica es un argumento táctico. Pero reducir la competencia a la debilidad
del adversario es un error conceptual. Los partidos que construyen su narrativa sobre la
fractura ajena suelen olvidar que la ciudadanía vota por expectativas propias, no por el
simple rechazo al otro. El voto útil no es eterno; es contingente.
La invitación a un diálogo a micrófono abierto, en transmisión en vivo por “Tarde de Café”,
tiene una dimensión democrática relevante. En tiempos donde muchos políticos optan por
comunicados calculados y redes sociales cuidadosamente editadas, someterse a preguntas
directas sin guión es un ejercicio de rendición de cuentas informal, pero potente. La
deliberación pública no sustituye a las instituciones, pero las complementa.
Si el PAN pretende competir con seriedad en 2027, necesita algo más que aspirantes con
currículum o militancia histórica. Necesita candidatos capaces de responder, sin evasivas, a
los señalamientos que circulan en la esfera pública. La transparencia discursiva es hoy un
activo político. El silencio, en cambio, suele interpretarse como admisión tácita o
incapacidad argumentativa.
Desde el ángulo jurídico-electoral, el 2027 no será una elección aislada. Será la
consecuencia de decisiones que se tomen hoy en la dirigencia. La selección de liderazgos
internos impacta en la postulación de candidaturas, en la distribución de recursos y en la
estrategia de coaliciones. Un partido dividido puede competir, pero rara vez gana con
contundencia. Un partido cohesionado, incluso con tensiones, proyecta certidumbre.
Por otra parte, el PAN enfrenta una disyuntiva entre control y apertura. El control garantiza
previsibilidad interna; la apertura ofrece legitimidad externa. En un entorno donde la
confianza en los partidos es baja, la apuesta por la apertura podría ser no sólo ética, sino
estratégicamente racional.
No se trata de idealizar la democracia interna. Los procesos abiertos también pueden
exacerbar conflictos y exponer fracturas. Pero ocultarlas no las resuelve. La política
moderna exige partidos que funcionen como espacios de deliberación real, no como
estructuras de administración de cuotas.
En Tamaulipas, el electorado ha mostrado capacidad de alternancia y castigo. La narrativa
de que todo se reduce a la división del adversario ignora un elemento central: la ciudadanía
evalúa trayectorias, congruencias y resultados. Quien aspire a gobernar deberá explicar no
sólo por qué quiere hacerlo, sino por qué merece una segunda —o tercera— oportunidad.
El micrófono abierto anunciado para la próxima semana en “Tarde de Café” puede
convertirse en algo más que una entrevista. Puede ser un termómetro del tipo de política
que se quiere practicar rumbo a 2027: una política de respuestas directas o una política de
evasivas calculadas. En la polarización y escepticismo, la franqueza puede ser disruptiva.
La elección interna del PAN en Tamaulipas es, en realidad, un ensayo general. Si opta por
cerrar filas desde arriba, enviará el mensaje de que la disciplina prevalece sobre la
deliberación. Si abre la decisión a la militancia, asumirá el riesgo de la competencia abierta,
pero también la posibilidad de reconstruir confianza.
En última instancia, la pregunta no es quién encabezará el comité estatal ni quién se
apuntará a la boleta en 2027. La pregunta es si el partido está dispuesto a someterse a la
misma exigencia que plantea al gobierno: transparencia, congruencia y responsabilidad.
Porque en democracia, la legitimidad no se hereda ni se impone; se conquista. Y se
defiende todos los días.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx
- El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
investigador independiente y catedrático.
