Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
Tampico, Tamps.- En un movimiento que redefine las bases administrativas del gobierno
local, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentó el nuevo Reglamento
Interior del R. Ayuntamiento, una norma que —precisó— dota de claridad operativa, certeza
jurídica y mecanismos formales de responsabilidad a cada área de la administración
municipal. El documento fue autorizado por el Congreso del Estado de Tamaulipas y ya
puede consultarse públicamente en el portal oficial del gobierno municipal.
La edil no escatimó en el alcance político y jurídico del instrumento. “Da las competencias a
cada una de las secretarías, sus marcos de acción, sus responsabilidades y la normatividad
con la que tiene que cumplir”, afirmó al explicar el eje central de la reforma administrativa.
Su declaración no solo sintetiza el espíritu del reglamento, sino que revela la intención de
cerrar espacios de discrecionalidad que durante años dificultaron la fiscalización interna.
Hasta antes de esta actualización normativa, el Ayuntamiento operaba con vacíos
reglamentarios que impedían delimitar con precisión las obligaciones de los funcionarios.
“No existía y muchas veces no se podía fiscalizar alguna responsabilidad de un funcionario
público porque no había un reglamento que amparara cuáles son las acciones a las que
cada una de las dependencias está obligada a cumplir”, sostuvo Villarreal Anaya. La
ausencia de un marco claro no solo entorpecía la supervisión, sino que debilitaba el
principio de legalidad que debe regir todo acto de autoridad.
El nuevo Reglamento Interior encuentra sustento en el artículo 115 de la Constitución
federal y en el Código Municipal de Tamaulipas, ordenamientos que reconocen la facultad
reglamentaria de los ayuntamientos para organizar su funcionamiento interno. En sus
disposiciones generales establece que es de interés público y observancia general en el
municipio, regula la integración del Cabildo, las atribuciones del Presidente Municipal,
Síndicos y Regidores, el funcionamiento de las comisiones, el desarrollo de las sesiones y
los mecanismos de votación.
Uno de los puntos medulares es la definición detallada de competencias. El reglamento
enumera facultades y obligaciones específicas del Presidente Municipal, entre ellas ejecutar
los acuerdos del Cabildo y aplicar, cuando sea necesario, las sanciones correspondientes;
también precisa funciones de los Síndicos en la vigilancia del erario y la legalidad de los
actos administrativos, así como el papel de los Regidores en la supervisión de los ramos
municipales. La arquitectura normativa se complementa con reglas claras para la instalación
del Ayuntamiento, el quórum, las votaciones calificadas y los supuestos que requieren
mayoría de dos terceras partes, particularmente en actos que afecten el patrimonio
municipal.
La alcaldesa enfatizó que el proyecto no fue improvisado. “Lleva un año y cuatro meses en
que se ha estado trabajando de manera sistemática”, explicó. El proceso incluyó análisis
comparativos con reglamentos de otros municipios y revisiones técnicas con abogados de
Ciudad Victoria, con el objetivo de armonizar la práctica local con estándares jurídicos más
robustos. Esa metodología, afirmó, permitió plasmar “en forma todas las acciones que en
esta administración se realizan y que en futuras administraciones van a estar marcadas a
través de este reglamento”.
El diseño del documento también robustece el sistema de comisiones del Cabildo. Se
establecen áreas temáticas que abarcan desde Hacienda y Gasto Público hasta
Transparencia, Anticorrupción, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable. Cada
comisión deberá sesionar al menos una vez al mes, levantar acta formal y presentar un
informe anual. El reglamento fija plazos para dictaminar asuntos turnados y prevé
comparecencias de servidores públicos cuando el análisis lo requiera. Con ello, la
deliberación deja de depender exclusivamente de la dinámica política y se inserta en un
procedimiento reglado.
En el terreno de las sesiones de Cabildo, la norma ordena la frecuencia mínima mensual, la
obligación de transmitir en línea las sesiones públicas y el registro puntual del sentido de
cada voto. Además, prevé mecanismos para justificar inasistencias, sancionar faltas
reiteradas y dejar constancia formal en libro de actas. Tales previsiones refuerzan la
trazabilidad de las decisiones públicas y fortalecen la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de fincar responsabilidades
administrativas y económicas ante incumplimientos. La alcaldesa fue categórica: “Por
supuesto que tiene consecuencias y por eso era tan importante que lo tuviéramos, que se
finquen responsabilidades a quienes no cumplan con el ámbito de su responsabilidad,
económicas y administrativas”. Con esta afirmación, el reglamento deja de ser un mero
compendio organizativo y se convierte en una herramienta de control interno.
El texto también contempla el recurso de inconformidad para particulares que consideren
vulnerados sus derechos por actos emitidos en cumplimiento del reglamento. Se establecen
requisitos formales, plazos y etapas procesales para su tramitación, lo que integra un
mínimo de debido proceso en el ámbito municipal.
La consulta pública del documento es otro componente relevante. Villarreal Anaya precisó
que no se encuentra directamente en la página principal del portal institucional, sino dentro
del apartado correspondiente a la Secretaría de Gobierno. “Lo tienen que buscar en la
Secretaría de Gobierno, reglamento municipal y ahí les va a aparecer el documento
completo para que lo conozcan”, detalló. La disponibilidad abierta del texto fortalece el
principio de publicidad normativa y permite a la ciudadanía examinar con rigor el alcance de
las nuevas disposiciones.
En un contexto nacional donde los municipios enfrentan presiones financieras, demandas
crecientes de servicios y escrutinio ciudadano, la aprobación de un reglamento interior
robusto no es una acción menor. Se trata de una pieza estructural que organiza la toma de
decisiones, acota competencias y establece consecuencias claras ante omisiones o abusos.
La alcaldesa sintetizó la aspiración institucional en una frase que resume el horizonte de su
administración: el reglamento “nos da orden, nos da disciplina, nos da certeza”. Esa tríada
—orden, disciplina y certeza— constituye la columna vertebral de un instrumento que no
solo regula el presente, sino que pretende dejar un legado normativo para las
administraciones futuras.
Más allá del simbolismo político, el Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Tampico
introduce un discurso de gobernanza basado en reglas claras y procedimientos verificables.
Si su aplicación es consistente, podría convertirse en un precedente para otros municipios
del estado, donde la delimitación precisa de competencias y la posibilidad real de sanción
son condiciones indispensables para fortalecer la legalidad y la confianza pública.
