*** El reciente freno a auditorías en Tamaulipas terminó beneficiando a municipios con fuertes observaciones financieras, entre ellos Ciudad Victoria, donde siguen sin aclararse 911 millones de pesos
Por Martín Díaz / Periodismo con Firma.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- En política, lo que no suena lógico, suena metálico. Y el aparente blindaje institucional que hoy rodea al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, no tiene ni un ápice de lógica legal.
El reciente plumazo del Congreso local para frenar auditorías en nueve municipios bajo el argumento de la “carga de trabajo” de la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene un beneficiario evidente: el alcalde de la capital tamaulipeca, quien hoy transita con una tranquilidad que ya resulta insultante para miles de victorenses.
Gattás arrastra un pesado expediente financiero. Entre las cuentas públicas municipales y el histórico agujero negro de la Comapa Victoria, las observaciones bajo revisión rondan los 911 millones de pesos. Lo delicado no es solamente el tamaño del monto, sino la aparente ausencia de consecuencias reales.
Hasta ahora, la Auditoría Superior del Estado no ha informado públicamente sanciones contundentes, denuncias penales ni avances relevantes sobre esas observaciones financieras. Y mientras las explicaciones no llegan, las auditorías comienzan a enfriarse.
La señal política terminó de quedar clara cuando el auditor superior, Francisco Antonio Noriega Orozco, envió el oficio ASE/0517/2026 a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, presidida por el diputado Elifalet Gómez Lozano, argumentando limitaciones operativas y exceso de carga laboral dentro del programa anual de fiscalización.
La respuesta legislativa no fue exigir resultados ni reforzar la capacidad técnica de la ASE. Fue exactamente la contraria: reducir el número de auditorías. Y casualmente, entre los municipios beneficiados por este relajamiento de la vigilancia institucional aparece Ciudad Victoria.
Un faltante bajo observación por 911 millones de pesos no desaparece administrativamente por arte de magia. Menos aún cuando la propia Auditoría Superior del Estado reconoció limitaciones operativas mediante el oficio ASE/0517/2026, documento que derivó en la reducción del programa de fiscalización avalado por la Comisión de Vigilancia del Congreso.
El problema de fondo no es únicamente la carga de trabajo alegada por la ASE, sino el efecto político de esa decisión: expedientes sensibles quedan sin presión inmediata de revisión, observaciones millonarias permanecen sin una resolución pública clara y municipios con fuertes cuestionamientos financieros ganan tiempo.
Mientras el caso se congela entre trámites legislativos, auditorías aplazadas y observaciones sin resolver, el mensaje político termina siendo devastador: nadie parece dispuesto a empujar una revisión de fondo sobre las finanzas de Victoria.
Al final, todos ganan tiempo. La ASE evita abrir un frente político incómodo, el Congreso desactiva presión sobre el auditor y el gobierno municipal continúa operando bajo un escenario de fiscalización cada vez más relajado. Mientras tanto, los ciudadanos siguen cargando con calles destruidas, fugas, servicios deficientes y cuentas públicas que siguen sin aclararse plenamente.
Todo esto termina pulverizando la narrativa de la supuesta fractura entre Eduardo Gattás y el aparato estatal. Porque si el rompimiento fuera auténtico, los expedientes financieros de Victoria ya se habrían convertido en un instrumento de presión política, tal como ocurrió en otros momentos con distintos alcaldes incómodos para el poder.
Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. Las auditorías se reducen, los tiempos se alargan y las observaciones multimillonarias continúan atrapadas en un limbo burocrático donde nadie parece tener prisa por resolver nada.
La ASE, que en teoría debería cuidar el dinero público y representar el principal órgano técnico de vigilancia, hoy proyecta una imagen opuesta: una institución rebasada, políticamente administrada y cada vez más distante de cualquier intención real de fiscalización profunda.
Y mientras eso ocurre, Ciudad Victoria sigue atrapada entre calles destruidas, servicios deficientes, fugas, problemas financieros en la Comapa y una administración que continúa sin responder de manera clara por cientos de millones de pesos observados.
Ahí están los hechos, que cada quién saque sus conclusiones.
