*** AMIGO GNL enfrenta procesos judiciales desde inicios de 2026 por múltiples irregularidades en su proceso de evaluación ambiental, falta de acceso a la información y deficiencias en la consulta pública
*** El proyecto no ha iniciado construcción, y por decisiones judiciales, no puede hacerlo. Una suspensión definitiva vigente impide que la planta de licuefacción inicie obras mientras se resuelve el juicio de amparo
Por: REDACCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a declaraciones sobre el estatus y el respaldo al proyecto AMIGO GNL, Nuestro Futuro A.C., organización que presentó juicios de amparo por falta de acceso a información, deficiencias en la participación ciudadana, impactos ambientales irreversibles e irregularidades alrededor de la autorización ambiental, considera fundamental señalar que ese proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL), proyectado en Guaymas, Sonora, continúa enfrentando serios cuestionamientos judiciales sobre la legalidad y transparencia en la autorización de impacto ambiental, así como procedimientos judiciales que mantienen frenado el inicio de las obras hasta que se emita una sentencia final en el juicio.
Desde el inicio del procedimiento de evaluación ambiental, AMIGO GNL ha estado marcado por irregularidades y contradicciones que van desde falta de información suficiente para conocer los impactos sobre el Golfo de California, hasta versiones oficiales inconsistentes sobre la existencia y fecha de emisión de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA).
Cuando el proyecto presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en noviembre de 2025, así como durante la consulta pública realizada en febrero y marzo de 2026, organizaciones, comunidades y activistas, advirtieron que la información era incompleta, anexos faltantes y omisiones relevantes para evaluar integralmente los riesgos ambientales. Estas deficiencias motivaron la presentación de un juicio de amparo por parte de Nuestro Futuro A.C. en marzo de 2026, en colaboración con Artículo 19.
Posteriormente, el 20 de mayo de 2026, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en un informe justificado dentro del juicio, anunció bajo protesta de decir verdad, que AMIGO GNL no contaba con autorización ambiental y que su evaluación continuaba en proceso. Esto desencadenó que el juez otorgara la primera suspensión definitiva al proyecto, cuyos efectos abstenían a la autoridad de emitir dicha autorización, en tanto no se resolviera el fondo del juicio. Meses después, se identificó a través del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) que la empresa argumentó contar con una autorización emitida por la ASEA desde el 13 de abril de 2026. Ante estas contradicciones, Nuestro Futuro A.C. amplió su demanda para incorporar estas irregularidades por parte de la autoridad y, como resultado, el 21 de septiembre un juzgado federal concedió una nueva suspensión definitiva que impide el inicio de obras y cualquier avance material del megaproyecto mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Luego de divulgar esta ola de inconsistencias y la segunda suspensión, la ASEA reconoció públicamente que la autorización había sido emitida el 13 de abril y notificada a la empresa al día siguiente. No obstante, esta explicación no esclareció por qué la autoridad informó posteriormente ante un juez que el proyecto no contaba con autorización ambiental, ni cómo justificó su aprobación frente a las deficiencias de información y las advertencias científicas sobre sus posibles impactos en la biodiversidad del Golfo de California.
La suspensión definitiva vigente establece que, aunque AMIGO GNL cuente con una autorización ambiental, no puede iniciar la construcción mientras se resuelve el juicio. Si bien esta resolución no constituye todavía una sentencia sobre la legalidad del proyecto, sí representa una medida cautelar obligatoria que debe ser respetada por las autoridades y la empresa.
Es indispensable que la ASEA, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esclarezca si mintió abiertamente en el juicio o si el proceso tuvo errores. Ambas situaciones tienen el peso suficiente como para responsabilidades administrativas hasta penales.
Aunque AMIGO GNL ha sido promovido como una inversión estratégica para fortalecer la soberanía nacional, su objetivo es recibir gas natural proveniente de Estados Unidos, licuarlo en territorio mexicano y exportarlo. Lejos de diversificar las fuentes de energía o garantizar el abastecimiento nacional, este modelo busca sacrificar a Guaymas y al Golfo de California como salida del gas estadounidense, beneficiando a muy pocos, y dejando altísimos e irreversibles daños ambientales, sociales y territoriales para las y los mexicanos, y su biodiversidad.
La soberanía energética es un argumento que no tiene sustento, ya que este tipo de proyectos utilizan a México como puerta de salida, causando daños y sin dejar beneficios reales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en múltiples ocasiones que el Plan México requiere de inversión, tanto nacional como extranjera, pero ha subrayado que no a cualquier costo. “Vengan a invertir, pero también cuiden el medio ambiente; vengan a invertir, y que haya buenos salarios para el pueblo de México; vengan a invertir en aquellos lugares en donde haya agua, si tienen gran consumo de agua. Es decir, vengan a invertir, pero que sea con beneficios para todos», señaló la presidenta el 16 de octubre de 2025 en su conferencia de prensa matutina.
Además, AMIGO GNL representa “un riesgo directo, existencial e inaceptable a la internacionalmente reconocida biodiversidad y los hábitats del Golfo”, como lo han señalado más de 100 científicos mexicanos e internacionales en una carta. Su operación implicaría un incremento en el tránsito de buques metaneros, ruido submarino, riesgos de colisión con ballenas, introducción de especies invasoras y emisiones de gases de efecto invernadero. La imposición de condicionantes ambientales no elimina estos riesgos ni sustituye la obligación de evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre todo el ecosistema marino.
La legalidad del proyecto continúa bajo revisión judicial. Antes de promover su construcción, las autoridades deben esclarecer las contradicciones de su autorización, garantizar el cumplimiento de las suspensiones vigentes y responder a las observaciones ciudadanas y científicas que han cuestionado su viabilidad.
