Por Melitón García de la Rosa.
*** ¡Háganse cargo de sus lacras!
En Morena tienen un problema que ya no pueden resolver con la desgastada mañanera, un comunicado o la cantaleta de que todo es una campaña de la derecha y los medios: los escándalos forman una cadena demasiado larga para seguir diciendo que cada caso es un asunto aislado.
Así es mis queridos boes, el problema no es solamente GUADALUPE TADDEI, RUBÉN ROCHA MOYA, ADAN AUGUSTO LÓPEZ, MARINA DEL PILAR ÁVILA, el ex alcalde de Tequila DIEGO RIVERA, ANDY y JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, el gran problema parece que es sistemático, una cosa de los genes morenistas.
El problema de fondo es que quiénes los encumbró, quiénes los defendieron, quiénes les entregaron poder y hoy pretenden deslindarse de las consecuencias que la descarada corrupción y los nexos criminales amenazan su hegemonía política.
Ahí es donde CLAUDIA SHEIMBAUM y la dirigencia nacional de Morena tienen que dar la cara y no repartir culpas hacia el pasado, porque ese cuento dejó de ser creíble.
Porque gobernar no significa únicamente repartir cargos, ganar elecciones y presumir mayorías legislativas. También significa responder por las decisiones políticas que se tomaron y asumir el costo cuando esas decisiones terminan convertidas en un problema para el país.
El caso de TADDEI es una prueba para la memoria política de Morena.
La ahora expresidenta del INE renunció el lunes, en medio de señalamientos sobre contratos, conflictos de interés e irregularidades que ya son materia de investigación por parte de las autoridades fiscalizadoras, además de la tragicomedia amorosa y grotesca.
Pero la investigación no borra una pregunta elemental: ¿quién la colocó al frente del árbitro electoral y con qué expectativas políticas?
TADDEI llegó a la presidencia del INE en 2023, durante el gobierno de AMLO, con el respaldo de una mayoría legislativa dominada por Morena. Su nombramiento estuvo acompañado de cuestionamientos sobre su cercanía con el movimiento gobernante y de una discusión nacional sobre la autonomía del organismo electoral.
Después vinieron los intentos de transformar las reglas y la estructura electoral mediante reformas impulsadas por el oficialismo. Morena defendió aquellos cambios como parte de su proyecto político; sus críticos advirtieron sobre los riesgos para la autonomía institucional.
Hoy, cuando TADDEI se va bajo una nube de sospechas, la obligación no es condenarla por anticipado ni fingir que nada ocurrió. Es exigir que se investigue hasta las últimas consecuencias y que quienes la respaldaron expliquen sus decisiones.
La responsabilidad política no desaparece con una renuncia.
Y tampoco se vale presumir los nombramientos cuando convienen y desconocerlos cuando se vuelven incómodos.
Luego está ROCHA MOYA.
El gobernador de Sinaloa enfrenta acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado. Rocha ha rechazado los señalamientos, cuya veracidad y consecuencias jurídicas deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero estamos hablando de un gobernador en funciones, surgido de Morena, frente a acusaciones de una gravedad extraordinaria.
La pregunta para Sheinbaum no es si debe aceptar sin más lo que diga Washington. Por supuesto que no. México tiene instituciones y soberanía para investigar sus propios asuntos.
La pregunta es si esa soberanía servirá para llegar a la verdad o terminará convertida en un argumento para proteger a un compañero de partido.
Si las acusaciones no se sostienen, que se demuestre. Si hay pruebas de delitos, que se actúe. Lo inadmisible sería que la filiación política pesara más que la justicia.
Con ADAN AUGUSTO el problema es la acumulación de preguntas.
El exsecretario de Gobernación y antiguo gobernador de Tabasco ha quedado bajo el escrutinio público por el crecimiento de La Barredora durante su administración y por los cuestionamientos relacionados con el llamado huachicol fiscal.
Una cosa debe quedar clara: las sospechas, las relaciones políticas y las responsabilidades penales no son equivalentes. No se puede condenar a una persona por asociación ni dar por probada una acusación porque se repita muchas veces.
Pero tampoco puede exigirse a la ciudadanía que deje de preguntar.
El ex todopoderoso ex secretario de Gobernación fue uno de los hombres de mayor confianza de AMLO, no un funcionario marginal al que el movimiento apenas conociera. Por eso, las explicaciones sobre lo ocurrido durante su gobierno y sobre cualquier posible responsabilidad deben ser públicas, verificables y suficientes.
La cercanía con el expresidente no puede convertirse en una zona de inmunidad política.
Y MARINA DEL PILAR…también tiene hartas cuentas públicas que aclarar.
La gobernadora de Baja California quedó en el centro de la controversia después de que Estados Unidos revocó las visas de ella y de su entonces esposo, CARLOS TORRES.
El episodio desató especulaciones y cuestionamientos sobre posibles vínculos criminales, pero la revocación de una visa no prueba por sí misma que alguien haya cometido un delito.
Lo que corresponde es aclarar los hechos, transparentar lo que legalmente pueda hacerse público y permitir que las autoridades competentes investiguen cualquier indicio de irregularidad.
La exigencia no es que Morena condene a sus gobernantes por rumores. Es que deje de tratar las preguntas incómodas como ataques políticos y garantice que sus funcionarios respondan con la misma disposición que exigiría a un adversario.
Y en Tequila, Jalisco, la detención del entonces alcalde DIEGO RIVERA, señalado por presunta extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, mostró hasta dónde pueden llegar los riesgos de la infiltración criminal en los gobiernos municipales. Las acusaciones deben probarse, pero el caso obliga a revisar cómo se selecciona, postula y vigila a quienes reciben el poder público bajo las siglas de un partido.
Finalmente, están los cuestionamientos sobre los hijos de LÓPEZ OBRADOR, relacionados con presuntos conflictos de interés, contratos y relaciones empresariales que han sido objeto de investigaciones periodísticas.
Tampoco aquí deben confundirse señalamientos con delitos probados. Pero si Morena prometió terminar con el influyentismo, la transparencia tiene que comenzar por su propia casa. No puede pedir confianza ciega cuando se trata de los familiares de su fundador y exigir explicaciones exhaustivas cuando se trata de los demás.
Ahí está la contradicción que lastima su discurso.
Durante años, Morena construyó su identidad política denunciando los privilegios, la corrupción y la impunidad de otros partidos. Ahora debe demostrar que aquellas críticas eran principios y no simples armas para conquistar el poder.
SHEIMBAUM tiene la oportunidad, y la obligación política, de marcar una diferencia. No necesita anticipar sentencias ni sacrificar a nadie para complacer a la opinión pública. Necesita exigir investigaciones independientes, evitar encubrimientos, transparentar decisiones y dejar claro que ningún cargo ni apellido está por encima de la ley.
Y la dirigencia de Morena debe entender algo todavía más elemental: no puede reclamar para sí todos los méritos del movimiento y repartir las culpas entre individuos cuando llegan los escándalos.
Si respaldaron nombramientos, defendieron funcionarios o construyeron carreras políticas, tienen que explicar por qué lo hicieron y qué mecanismos activarán para deslindar responsabilidades.
La factura política no se paga necesariamente con una renuncia, una declaración o un cambio de discurso. Se paga con rendición de cuentas, decisiones congruentes y consecuencias cuando corresponda.
Porque el país no necesita una nueva versión de los viejos partidos, con otros colores y los mismos vicios. Necesita instituciones que funcionen, gobernantes que respondan y una justicia que no pregunte primero por la militancia del acusado.
Morena tiene que hacerse cargo de las lacras que encumbró.
No para condenarlas sin pruebas, sino para dejar de protegerlas con silencios, justificaciones o lealtades políticas.
Porque quien presume haber llegado para transformar el poder tiene que demostrar que es capaz de corregir sus propios excesos.
De lo contrario, la transformación terminará siendo apenas eso: un cambio de nombres, mientras las viejas prácticas siguen sentadas en los nuevos sillones.
Y de ese fracaso, Morena no podrá culpar a nadie más que a sí mismo.
