Por: Enrique OJEDA.
TAMPICO, TAM.- En relación al reciente decreto publicado por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación donde se realizan modificaciones a las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el “libre acceso y tránsito” por las playas de todo México, la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas en concordancia con la Asociación Mexicana Nacional de Hoteles y Moteles, afirmó que el presente decreto no arroja, ni adiciona, ni añade nada nuevo que no haya sido previamente legislado, con excepción del aumento del importe de las sanciones y la autorización legal de vulnerar derechos de propiedad para ingresar a las playas.
Dicha agrupación aseguró que la situación de la zona hotelera en playa Miramar no presenta situación alguna respecto a la libre accesibilidad de la población para el goce y disfrute de la playa, ya que el diseño y proyecto de desarrollo de la playa Miramar en la zona hotelera siempre ha contemplado, incluso ha sido materializado, con la construcción de accesos peatonales desde el bulevar costero, es decir desde la vía pública, hasta la zona federal contigua al mar, permitiendo de esta manera el libre acceso y tránsito.
Iñigo Fernández Bárcena, presidente de dicha asociación, dijo que incluso debe destacarse que dichos accesos a playa Miramar cuentan con módulos de sanitarios, vestidores, área de regaderas y módulo de renta de sillas, además de contemplar un espacio incluyente el cual cuenta con una palapa de descanso y un contenedor metálico para la recolección de plástico (PET).
No obstante, en solidaridad con otras playas turísticas del país que tienen condiciones y circunstancias diferentes a la zona hotelera de playa Miramar, es importante señalar que el presente decreto traslada a los particulares, la responsabilidad de los accesos y libre tránsito a la playa cuando no existan vías públicas, cuando en realidad es precisamente los gobiernos, quienes deben garantizar la apertura y habilitación de accesos al mar.
En este sentido, el decreto vulnera categóricamente los derechos fundamentales y garantías individuales plasmados en la Constitución relacionados al derecho a la propiedad privada, al obligar a los particulares a establecer pasos de servidumbre al interior de sus propiedades aun cuando exista alguna compensación de por medio.
