Por Arturo ROSAS H.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el proceso de entrega-recepción de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el área de la contraloría detectó una inconsistencia de un desvío por más de 180 millones de pesos, que formaban parte de recursos estatales que se utilizaron para otros fines y no en la máxima casa de estudios.
Sin embargo, en la revisión realizada, José Carlos Mora García, abogado general de la UAT, dijo que se detectaron una serie de daños al patrimonio de la Universidad que pueden ascender a los 500 millones de pesos y que están en proceso de comprobar fiscal y jurídicamente.
Junto con la Contralora María del Refugio Flores Salomón, el abogado Mora, explicó que entre las inconsistencias detectadas, una buena parte de las participaciones entregadas a la UAT que provienen del gobierno del estado “no fueron entregadas” y ha implicado un daño patrimonial, porque muchas de las funciones no pudieron ser realizadas por la falta del dinero que debía ser destinado a la academia y la misma nómina.
Uno de los mecanismos que el gobierno y la anterior administración de la UAT utilizaron, fue a través de un peculado en perjuicio de la Universidad y fue, simulando que, una parte de los recursos que no fueron entregados serían consumados a través de un “contrato de adhesión en pago” y éste consistiría en que, el acreedor del recurso, recibiría un bien inmueble como parte de la partida económica.
“Este contrato es total y absolutamente ilegal, porque en las entidades públicas, no corresponden contratos de adhesión en pago, solo exclusivamente entre particulares. Los subsidios que tanto el gobierno federal como estatal están obligados a entregar a la Universidad, no constituyen créditos, constituyen asignaciones presupuestales, son parte del patrimonio y este patrimonio universitario no puede estar sujeto a un contrato de adhesión de pago, es decir, las obligaciones de la UAT no se pueden solventar con bienes distintos a los recursos correspondientes para el pago de docentes”.
En el pronunciamiento, donde no se permitieron preguntas, el abogado general de la UAT, añadió que en este mecanismo se estableció un contrato entre Gobierno del Estado y la Rectoría, “violentando toda norma legal como el “convenio macro” entre estas dos entidades; se violenta la ley de presupuestos; adicionalmente se encontró que el bien del cual fue objeto de este contrato es un precio sobrevalorado. Se asignó un valor catastral muy superior, es decir, de tener un precio de 16 millones de pesos se le asignó un monto de 180 millones de pesos, una diferencia de 160 millones de pesos que van afectar al erario universitario”.
Mora, añadió que por el daño cometido por altos funcionarios del Gobierno del Estado y de la UAT, se presentó este martes, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servidores Públicos, Peculado, Coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten.
“No estamos en posibilidades de proporcionar los nombres de las personas, en respeto al debido proceso, pero sí podemos decir, de manera amplia, que en este contrato de adhesión en pago están involucrados altos funcionarios del Gobierno del Estado y altos funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.
Confirmó entonces que el proceso está iniciado por afectar el patrimonio de la UAT en aproximadamente 190 millones de pesos. Además hay otros incidentes que deberán ser investigados de manera concreta porque hay otros recursos adicionales, por participación de la Universidad, derivados de este convenio macro y de su gasto que pudieran ascender a la cantidad de 500 millones de pesos.
“Nosotros esperamos que por la fortaleza en la que ha sido presentada la denuncia y por la forma en que se presentaron todos los documentos, que implican un proceso de expropiación de un patrimonio legítimo universitario, tendrá que concluir con un resultado totalmente favorable”.
Parte de las pruebas, se reveló, que fueron entregadas a la Fiscalía, es el convenio macro entre la UAT y el Gobierno del Estado; las corridas financieras que le corresponden como Obligación al gobierno aportar a la UAT, los decretos correspondientes a la enajenación de este bien que es del gobierno y se transfirió a la universidad y los documentos de las nóminas de la UAT donde se demuestra que se dejaron de presidir los recursos en tiempo y forma.
“En las anteriores circunstancias, estamos en una certidumbre de que, de aplicarse la norma jurídica, tendrá que resolverse a favor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.
