*** La jueza #RoxanaIbarraCanul otorgó de manera ilegal la custodia provisional de una niña de apenas 3 años a su presunto agresor: Colectiva Feminista
*** En lo oscurito, manejaban un juicio diferente al que se estaba llevando a cabo; ni el DIF Madero estaba enterado de este otro proceso
Por: REDACCIÓN.
CIUDAD MADERO, TAM.- Considerando como una grave irregularidad en el proceso legal para designar la custodia de una menor de edad, la Colectiva Feminista Mujer Manglar alzó la voz y exigió justicia para Gabriela y su hija.
A través de un comunicado, señaló que la jueza #RoxanaIbarraCanul otorgó de manera ilegal la custodia provisional de una niña de apenas 3 años a su presunto agresor. Un acto no solo injusto, sino también lleno de irregularidades que a continuación se describen:
1.- El juicio legítimo sobre la custodia se estaba llevando en el Juzgado Séptimo Familiar, expediente 64/2024, donde la jueza había ordenado evaluaciones psicológicas tanto al padre como a Gabriela. Ella sí cumplió, en eso y así como en todo lo demás que se le ha solicitado, pero él jamás acudió a ninguna de las evaluaciones a las que fue convocado, a pesar de estar debidamente notificado y de haber contestado la demanda. En los hechos, el padre no ha mostrado ningún interés real en convivir con su hija; únicamente pide convivencias cuando hay audiencias, como forma de presión, pero nunca ha hecho nada para cumplir con las condiciones ordenadas por la jueza.
2.- Aun así, de manera totalmente irregular apareció otro juicio, el 1065/2024, que según la versión pública de la página del Poder Judicial de Tamaulipas fue radicado el 4 de noviembre de 2024. De ese proceso Gabriela jamás fue notificada. Fue en este juicio oculto y viciado donde se le otorgó la custodia.
3.- Prueba de que este proceso se llevó en forma ilícita, es que el DIF Madero ni siquiera estaba enterado: llegó minutos después de que la niña fue arrancada de los brazos de su madre y reconoció abiertamente que desconocía el juicio. Esto es gravísimo, porque el DIF tenía la obligación no solo de nombrar un abogado coadyuvante para la defensa de la niña y estar presente durante la diligencia, sino también de verificar las condiciones socioeconómicas en que se encontraba la menor, su estado de salud y su bienestar integral antes de cualquier cambio de custodia. Aunado a ello, el CECOFAM estaba obligado a realizar una evaluación psicológica a la niña, requisito indispensable que jamás se cumplió.
4.- Además, el operativo fue brutal: la niña fue arrancada de su madre entre gritos y jaloneos, aferrándose con sus manitas y piececitos; Gabriela fue golpeada hasta quedar inconsciente y hospitalizada, y su madre también fue agredida. Todo esto, sin una orden válida, sin protocolos de la Suprema Corte y con la Guardia Estatal como cómplice directa de la violencia.
¿Cómo es posible que una jueza que ignora la ley y protege agresores siga en funciones?
¿Hasta cuándo el DIF, la CNDH y el gobierno de Claudia Sheinbaum van a guardar silencio?
¡Esto no es solo una injusticia legal! Es una violación brutal a los derechos humanos de una mujer y de una niña, ejecutada por quienes estaban obligados a protegerlas.
