
*** Uno de cada dos pequeños negocios ha sido víctima
Por: REDACCIÓN.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- La mitad de los pequeños negocios en México ha sido víctima de algún delito, y la extorsión -particularmente el cobro de piso- se ha convertido en una amenaza constante y silenciosa que avanza sin freno.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), advirtió que al menos el 25% de los establecimientos ha enfrentado directamente este tipo de prácticas criminales, aunque la cifra real podría ser el doble, debido al temor generalizado a denunciar.
“Uno de cada cuatro comercios está bajo fuego… pero el dato más importante es el que no se ve: el que no se denuncia por miedo. Esa estadística oculta es mucho más grande”, señaló Rivera.
De acuerdo con la última encuesta realizada por la ANPEC, el 50% de los negocios ha sufrido algún delito: extorsión, robo hormiga, asaltos armados y cobro de piso son los más frecuentes.
Inseguridad que obliga al cierre
El 25% de los comerciantes considera que la inseguridad es el principal obstáculo para operar, lo que ha obligado a 15% de los negocios a reducir horarios, cambiar de ubicación, transformar su giro o cerrar definitivamente.
Además, el 47% reporta que sus proveedores enfrentan riesgos durante el abastecimiento, lo que refleja que la violencia afecta toda la cadena comercial.
Normalización de la violencia
Rivera subrayó que la violencia se ha normalizado peligrosamente: secuestros, desapariciones, feminicidios y extorsiones han sido tolerados socialmente bajo el argumento de que “algo debieron haber hecho”.
“Durante décadas nos hemos acostumbrado a esta cultura del mal. Muchos crímenes se justifican con frases como ‘andaban en malos pasos’. Esa narrativa solo perpetúa la impunidad”, lamentó.
Ante este escenario, el líder de la ANPEC hizo un llamado urgente a emprender una cruzada nacional para desnormalizar la violencia, recuperar la paz y defender la dignidad del país.
“Elevar la extorsión a delito grave es apenas el inicio. Se necesita una política de Estado que proteja a quienes mueven la economía desde abajo”, concluyó.
