En un país donde el manejo de los recursos públicos suele estar más asociado a escándalos que a logros, el avance financiero de Tamaulipas bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya representa un giro alentador. Gracias a la conducción eficaz del secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, el estado ha reportado un excedente de 298 millones de pesos en ingresos. Más allá de la cifra, lo que destaca es el método: coordinación, fiscalización y responsabilidad.
La sinergia institucional que Lavín Verástegui ha consolidado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos ha demostrado que, cuando hay voluntad política, la eficacia fiscal es posible. El incentivo fiscal de 251.2 millones de pesos, conseguido a través del Programa de Vigilancia de Obligaciones Omitidas por Contribuyentes, no sólo es histórico en términos de monto; también lo es como ejemplo de una estrategia administrativa que funciona.
Por si fuera poco, el Programa de Cobro de Créditos Fiscales Federales dejó otros 47.3 millones de pesos en las arcas estatales, recursos que serán clave para sanear las finanzas de entes públicos. Lo interesante aquí es el modelo de intervención: lejos de acciones punitivas, se ha apostado por regularización, algo que siempre es más complejo pero a la vez más justo y efectivo a largo plazo.
En tiempos donde las finanzas estatales suelen estar en números rojos, este logro no puede pasar desapercibido. Representa una oportunidad para consolidar una nueva narrativa: la de un gobierno que recauda sin abusos, que gasta con sensatez y que, sobre todo, entiende que el desarrollo sostenible no se construye con discursos, sino con cuentas claras.
En la intimidad… Las contradicciones del caso del delegado del IMSS en Tamaulipas son, cuando menos, desconcertantes. Su sorpresiva aprehensión y posterior liberación en un lapso que rozó lo teatral dejó más preguntas que respuestas en el ambiente político y social del estado.
Lo cierto es que el caso ha expuesto fracturas dentro de la institucionalidad. Por un lado, el discurso oficial habla de legalidad y cero tolerancia a la corrupción; por el otro, se activan mecanismos de protección y blindaje con una celeridad que solo se explica desde la lógica del poder más que de la justicia.
Lo más preocupante es que mientras las autoridades prefieren mantener un perfil bajo, las voces ciudadanas —y no pocas desde dentro del propio sistema de salud— claman por explicaciones.
Pero, ¿acaso la figura del delegado representa una ficha más significativa que la de los líderes sindicalistas con más de dos décadas en el poder?
En la intimidad de los pasillos del IMSS, el tema se toca con cuidado. La versión oficial es ambigua y, en política, lo que no se aclara, se complica. Y en este caso, la opacidad puede terminar cobrando una factura mucho más alta que cualquier incentivo fiscal.
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