Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
TAMPICO, TAM.- En un momento en que el debate público sobre la regulación del
ejercicio periodístico ha cobrado relevancia con respecto a la propuesta de la
legisladora local morenista Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, el regidor de Tampico y
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Cuitláhuac Ortega Maldonado,
fijó una postura: rechaza la propuesta de obligar a los comunicadores a integrarse a
un colegio profesional para poder ejercer su labor, al considerar que dicha medida
contraviene principios fundamentales de libertad.
En entrevista exclusiva, el exlegislador local subrayó que el derecho a informar no
puede quedar supeditado a requisitos gremiales o académicos. “Cualquier
ciudadano tiene derecho a trabajar como periodista, independientemente tengan
carrera o no”, afirmó, al tiempo que precisó que la práctica ha demostrado que el
talento y la capacidad informativa no siempre dependen de una formación formal.
“Muchos que están en el periodismo, inclusive que no tienen estudios, a veces
hacen mejor trabajo que los que sí tienen”, sostuvo.
El posicionamiento se inscribe en un contexto más amplio de transformación digital,
donde las redes sociales han alterado de manera profunda las dinámicas
tradicionales de producción y difusión de contenidos informativos. Ortega
Maldonado consideró que pretender regular el acceso al periodismo mediante
esquemas clásicos resulta anacrónico frente a esta nueva realidad. “De acuerdo a lo
que estamos viviendo con el tema de las redes sociales, eso ya creo que es cosa
del pasado”, señaló, en referencia a los intentos de institucionalizar la actividad
periodística bajo modelos rígidos.
El regidor también abordó el papel del Poder Legislativo en este tipo de iniciativas.
Desde su experiencia, advirtió que los diputados deben concentrarse en generar
normas que respondan a las condiciones sociales vigentes, sin invadir ámbitos que
corresponden a la organización civil o profesional. “Los diputados lo que tienen que
legislar es normas de convivencia en la sociedad de acuerdo a la época”, explicó, al
enfatizar que la evolución normativa debe ir de la mano con los cambios
tecnológicos y culturales.
En ese sentido, apuntó que el ecosistema informativo actual rebasa por mucho a los
medios tradicionales, lo que obliga a replantear cualquier intento de regulación.
“Tenemos una actualidad donde las redes sociales sobrepasan por mucho a los
medios tradicionales”, dijo. Bajo esta lógica, insistió en que la ley debe mantenerse
abierta para permitir que cualquier ciudadano pueda participar en la generación y
difusión de información.
Ortega Maldonado llevó la discusión al terreno de los derechos humanos, al advertir
que imponer restricciones al ejercicio periodístico podría vulnerar la libertad de
expresión. “No podemos ir en contra de los derechos de la ciudadanía”, expresó, al
vincular este principio con la noción de un gobierno de corte humanista. En su
opinión, cualquier política pública en la materia debe partir del reconocimiento de
este derecho como un eje central.
No obstante, el regidor reconoció que el ejercicio de la libertad informativa no está
exento de retos. En particular, hizo referencia a la necesidad de garantizar que los
contenidos difundidos sean veraces, especialmente en un entorno donde la
desinformación puede propagarse con rapidez. “Tal vez tengan que regular eso, de
que lo que se opine o se informe sean cosas verídicas”, indicó.
Esta precisión introduce un matiz relevante en su postura: si bien rechaza la
colegiación obligatoria como mecanismo de control, no descarta la pertinencia de
establecer criterios que fortalezcan la calidad y confiabilidad de la información. La
línea, sin embargo, es que dichas medidas no deben traducirse en prohibiciones o
barreras de acceso para quienes deseen ejercer el periodismo. “Pero no en prohibir
a la gente ejercer el periodismo”, remarcó.
La postura de Ortega Maldonado refleja una tensión recurrente en las democracias
actuales: cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad informativa
en un entorno digital cada vez más complejo. En este caso, su posición se inclina
decididamente hacia la defensa de un modelo abierto, donde el derecho a informar
prevalezca sobre cualquier intento de regulación restrictiva, incluso bajo el
argumento de profesionalización.
El debate, adelantó, deberá continuar en instancias legislativas, pero con un punto
de partida claro: reconocer que el periodismo, más que un privilegio condicionado,
es una expresión directa de las libertades fundamentales de la sociedad.
