Por: REDACCIÓN.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las personas inscritas en el padrón de sujetos sancionados por violencia política sí podrán participar como candidatas en el proceso electoral de 2027, aclaró la presidenta de la Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto Electoral de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles.
La consejera electoral explicó que estar dentro de este registro no implica una inhabilitación automática ni constituye un impedimento legal para contender por un cargo de elección popular, aun cuando exista una sanción previamente acreditada.
Detalló que esta disposición aplica incluso para quienes hayan sido sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que el padrón únicamente concentra a quienes fueron sujetos a un Procedimiento Administrativo Sancionador.
Garza Robles subrayó que la duración de la inscripción depende de cada caso concreto y de la forma en que se individualiza la sanción, por lo que no puede generalizarse como una restricción absoluta de derechos.
“Es importante precisar que aparecer en este padrón no equivale a una inhabilitación ni se traduce de manera inmediata en un obstáculo legal para postularse a una candidatura”, puntualizó la funcionaria electoral.
Actualmente, alrededor de 40 personas integran este registro estatal, cuya finalidad es visibilizar a quienes incurrieron en infracciones electorales, sin que ello signifique la suspensión de sus derechos político-electorales.
La consejera reiteró que el padrón únicamente da cuenta de quienes fueron sometidos a un procedimiento especial sancionador y cuya falta fue acreditada por la autoridad competente tras el análisis correspondiente.
Indicó además que, en algunos casos, tribunales electorales han considerado que una infracción acreditada podría incidir en el requisito constitucional de contar con un “modo honesto de vivir” para aspirar a un cargo público.
Sin embargo, recordó que en procesos electorales anteriores se fijó el criterio de que las autoridades administrativas no pueden determinar por sí mismas el incumplimiento de ese requisito, pues esa valoración corresponde a instancias jurisdiccionales.
Garza Robles enfatizó que el objetivo central del padrón es transparentar y hacer públicos los nombres de quienes han cometido infracciones, particularmente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Explicó que existe tanto un padrón estatal como uno nacional, y que una vez que la infracción queda firme se genera una inscripción automática en ambos registros, mecanismo que ha sido validado por autoridades jurisdiccionales.
