*** Son muchos los argumentos y los sectores de la sociedad civil que se oponen a esta “barbaridad”, señaló el organismo empresarial.
Por: REDACCIÓN.
TAMPICO, TAM.- A través de un comunicado, la Confederación Nacional de la República Mexicana (COPARMEX) fijó su postura respecto a la reforma judicial, la cual por cierto se votará en la presente semana.
El organismo empresarial informó que dicha reforma no contempla el acceso a la justicia de forma expedita para todos, además de que la elección directa de jueces y magistrados afectaría la imparcialidad en sus decisiones.
Los anteriores son sólo algunos de los muchos aspectos que perjudicarán a quienes busquen justicia en caso de que se aprueben las modificaciones impulsadas por el presidente y los diputados de Morena.
En las últimas semanas, diversas organizaciones han manifestado su preocupación ante la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, tal como ha sido presentada, plantea riesgos significativos que podrían afectar la independencia judicial y la estabilidad jurídica en México.
A continuación, se presentan los argumentos clave que destacan los principales puntos de la carta pública que estamos enviando a la Cámara de Diputados y al Senado de la República:
ARGUMENTOS PRINCIPALES:
1. Necesidad de una Reforma Integral al sistema de justicia. La reforma debería enfocarse en mejorar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, especialmente para las víctimas de violencia y aquellos cuyos derechos han sido vulnerados. La propuesta actual no logra cumplir este objetivo crucial.
2. Riesgo de Politización del Poder Judicial. La elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular podría comprometer la independencia judicial, introduciendo presiones electorales y externas que afectarían la imparcialidad en la toma de decisiones.
3. Fortalecimiento de la Carrera Judicial. Proponemos que en lugar de la elección popular, se privilegie un sistema basado en el mérito y la formación continua, apoyado por comisiones de selección independientes, para prevenir la influencia política en los nombramientos judiciales.
4. Omisión de los Poderes Judiciales Estatales. La iniciativa no aborda las problemáticas en los poderes judiciales estatales, donde se resuelve la mayoría de los juicios en México. Un sistema judicial estatal fuerte es esencial para garantizar el acceso equitativo a la justicia en todo el país.
5. Apoyo a las Fiscalías. La reforma debería acompañarse de un fortalecimiento de las fiscalías estatales y federales, dotándolas de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas e imparciales, independientes del poder político.
6. Desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La propuesta de sustituir al CJF por un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por voto popular podría politizar el proceso disciplinario y comprometer la imparcialidad en la administración de justicia.
7. Impacto en la Inversión y la Confianza Jurídica. La reforma genera incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, lo que podría afectar la captación de inversión extranjera directa en un contexto global favorable para México.
8. Consecuencias Internacionales. La politización del Poder Judicial podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con estándares de derechos humanos e independencia judicial, afectando su posición en acuerdos comerciales como el T-MEC.
9. Desafíos Logísticos y Presupuestarios. La implementación de un sistema de elección popular para miles de jueces y magistrados plantea retos significativos que podrían afectar la eficiencia en la impartición de justicia y requerir una considerable asignación de recursos.
CONCLUSIÓN
La reforma al Poder Judicial, en su forma actual, presenta riesgos que podrían comprometer la estabilidad jurídica y social de México.
Es fundamental que cualquier cambio sea fruto de un amplio consenso social y político, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la certeza jurídica necesaria para la estabilidad del país.
