*** Emiten orden de aprehensión contra “Makito”; FGJ lo busca
Por Arturo Rosas H.
CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Presidente Municipal de Reynosa Carlos Peña Ortiz, tiene una orden de aprehensión girada por un Juez de Control que lo reclama por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Raúl Ramírez Castañeda, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, confirmó lo anterior en entrevista en el Congreso del Estado a donde acudió a la audiencia sobre el juicio de procedencia para el desafuero en contra de la diputada Úrsula Salazar Mojica.
Informó que son los agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, los que tienen el mandato judicial para poder detener al Presidente Municipal de Reynosa y quien esta semana había solicitado licencia por tiempo indefinido en su cargo.
Detalló que el pasado 18 de mayo, un juez de control confirmó y emitió una orden de aprehensión y reveló que el Alcalde de Reynosa, había mantenido vigente al menos nueve amparos.
“Ahí sí es muy importante para que la sociedad no se confunda, el tema de él inició en mayo del año pasado, igual se le invitó, promovió nueve amparos y los nueve amparos, fueron poco a poco quedando sin efecto, algunos se sobreseyeron y ahora está esa situación de él”.
Ramírez Castañeda, señaló que la investigación que se le sigue al Alcalde, se debe a una denuncia que interpuso en mayo del 2021 una persona de nombre Mauricio Olán y quien en el Ayuntamiento fue premiado con un cargo.
“Pero esto nace, por una denuncia que interpuso una persona que labora en el Ayuntamiento, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
“Como saben entre los meses de mayo o junio, un medio de comunicación señaló que hay un depósito de un millón de dólares en la cuenta del señor Carlos Peña y diversas propiedades y ranchos que fueron comprados y la idea es que nos aclare el origen del recurso”.
Insistió que el origen de la denuncia de Carlos Peña fue desde el 2021 y lo mencionó para dar respuesta a la insistencia de los reporteros de la fuente del Congreso, para rechazar que esto signifique una persecución política.
