
*** Resistió fuertes presiones de la presidencia de la República
*** Quedan sin efecto la nueva Ley General de Comunicación Social y las modificaciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas
(Por: AGENCIAS).
CIUDAD DE MÉXICO.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron con 9 votos a favor y 2 en contra, la primera parte del plan B de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de las presiones que desde el fin de semana estuvo haciendo la Consejería de la Presidencia de la República, los ministros finalmente consideraron que es inconstitucional y sorprendió que el ministro Arturo Zaldívar votara a favor de invalidar dicha reforma.
En la reunión de pleno que se transmitió en vivo por el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia Nacional, los ministros que respaldaron esta acción fue Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña; mientras que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra del proyecto.
Una de las expresiones que emitieron los Ministros durante esta sesión, es que la mayoría de los legisladores cometieron “múltiples” violaciones al proceso legislativo al aprobar las reformas electorales del gobierno de López Obrador.
Es decir, tanto a Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, los ministros enviaron un mensaje de que a pesar de ser mayoría, no pueden estar violando la Constitución con el poder legislativo que tengan desde la Cámara baja y en el senado de la República, al sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobación en diciembre.
Las otras cuatro reformas que integran el paquete del “plan B” serán analizadas en una próxima sesión.
Antes, el pleno de la Suprema, decidió desechar la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que esta tarde fueron invalidadas.