*** Los otros dos marinos desaparecidos
Por: Salvador GARCÍA SOTO.
Las muertes sospechosas de dos oficiales de la Secretaría de Marina, justo en medio del escándalo del “Marina-Gate” por la existencia de un grupo huachicolero que operaba desde el interior de la Armada de México, nos llevaron a recordar el caso de los otros dos marinos que misteriosamente desaparecieron en marzo de 2022, después de haber sido asignados como escoltas de seguridad de José Narro Céspedes, en ese entonces senador del PT y hoy diputado. Han pasado ya tres años de su desaparición y nadie investigó su paradero o qué fue de ellos, ni la Fiscalía General de la República, ni la propia Marina, haciendo oídos sordos a los reclamos de información e investigación de sus familiares.
El 3 de enero de 2022, los marinos Oscar Manuel González Andrade, de 48 años, y Victoriano Rodríguez Zurita, de 38, se presentaron con el senador en la Ciudad de México, por órdenes de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien sin tener facultades para ello, los “comisionó” para que custodiaran al legislador petista, desde el puerto hacia la Ciudad de México, para participar en un evento sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo en ese año. Los dos marinos viajaron junto con Narro a la capital y lo acompañaron no sólo en ese evento sino en otras actividades privadas del senador.
La última vez que se supo de ellos fue el sábado 5 de marzo de 2022 a las 20:00 horas. Y como no se reportaron con su superior, el capitán de Corbeta de la Marina, Maximiliano Serrano Pérez, éste llamó el lunes 7 de marzo, por la noche, al senador Narro Cespedes para preguntarle por sus subalternos. El legislador federal le comentó que la noche del domingo los autorizó a que “a su consideración descansaran” y que regresaran el lunes a Acapulco. Ante el desconocimiento de su paradero y su falta de comunicación, el capitán Serrano, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, reportó a sus superiores de la Semar la desaparición de los dos marinos.
Cuando el tema se volvió un escándalo en los medios, en buena medida por las columnas del periodista Héctor de Mauleón en esta casa editorial, tanto el senador Narro como la alcaldesa Abelina negaron haberle pedido al secretario de Seguridad ninguna escolta, aunque después, en una investigación abierta por la Fiscalía de Justicia de la CDMX, el petista declaró que sí había pedido a los escoltas de la Marina e incluso reconoció la existencia de un escrito, firmado por él y fechado el 2 de marzo de 2022, en el que solicitaba al personal naval para funciones de seguridad.
Para entonces ya se habían filtrado a los medios tanto el escrito firmado por Narro como la información de su presencia en un restaurante de la Plaza Oasis, donde se reunió con el entonces candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con otros acompañantes que aparecen en una fotografía tomada el sábado 5 de marzo nada menos que por uno de los marinos desaparecidos, Oscar González. Junto a Narro y Villarreal aparecía un personaje que más tarde sería identificado en una investigación federal como Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”, operador financiero del Cártel del Noreste junto con otras personas.
El propio senador había subido esa fotografía a sus redes sociales y cuando se identificó al narco que lo acompañaba las borró de inmediato, aunque De Mauleón había obtenido copias que publicó aumentando el escándalo sobre la desaparición de los marinos. Narro tuvo que reconocer que los dos escoltas, a los que primero negó haber pedido, sí lo habían acompañado a un restaurante de Coyoacán y que los acompañaba “una tercera persona”, y dijo que ahí les hizo saber que su apoyo ya no era necesario.
A pesar de que desde la conferencia mañanera el entonces presidente López Obrador dijo que se investigaría la desaparición de los dos marinos, la Fiscalía General de la República nunca informó de avance alguno ni de investigaciones, mientras que la Marina, a cargo entonces del almirante Rafael Ojeda, hoy en el ojo del huracán por el huachicoleo fiscal que encabezaban sus dos sobrinos políticos, hizo mutis y tampoco exigió que se investigara el paradero de sus integrantes.
En 2023, 2024 y en este 2025, el 6 de marzo, los familiares de los marinos Oscar González y Victoriano Rodríguez, realizaron marchas para exigir que hubiera avances en la búsqueda de sus familiares o que al menos se les informara si existían abiertas investigaciones. Nunca tuvieron respuesta de autoridad alguna y sólo lograron enterarse de la desaparición de sus familiares mes y medio después porque interpusieron un amparo para exigir la información que no les daba la Semar.
Este año se cumplieron ya tres años de la ausencia de Oscar y Victoriano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ni siquiera se ha dignado hablar del tema ni exigir a la FGR que investigue. Los familiares, que cada vez salen menos a protestar, pasaron del enojo y la indignación a la decepción y la desesperanza, ante el extraño silencio que siguen guardando las autoridades sobre qué fue lo que le pasó a los dos marinos que custodiaban al senador mientras se reunía con operadores del narco tamaulipeco.
Ayer la presidenta se ofendió mucho cuando el reportero de EL UNIVERSAL Salvador Corona, le preguntó si no le parecía demasiada casualidad que otro marino, el capitán de Navío, Omar del Angel Zuñiga haya muerto en una práctica de tiro apenas un día después de que se reportara la muerte de otro capitán naval, Abraham Jeremías, en la aduana de Tampico.
“Para la presidenta, en el tema de seguridad, ¿no es casualidad presidenta que el día de ayer falleciera un marino, presuntamente con el tema de huachicol, en una prueba de tiro, cuál es el reporte que le dan?”, preguntó el periodista. “Me parece, la verdad, con todo respeto a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas, no me parece correcta, ni para la víctima ni para lo que ocurrió. ´No le parece que es una casualidad´, hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces por respeto a la víctima y a la situación, ya informara el gabinete de seguridad”, contestó molesta la mandataria.
Y Salvador Corona insistió: “Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para todas las familias”, y la presidenta lo interrumpió: “El primer caso fue un suicidio, tan lamentable, que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida, obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero ya entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación”. El reportero intentó saber si la FGR ya investigaba las versiones oficiales de la Marina en la muerte de los dos marinos en esta semana, y la mandataria, con tono de molestia, lo paró: “Ya no te voy a contestar”.
Es curioso cómo la presidenta adelanta conclusiones y da por válido todo lo que le dicen sus colaboradores, cuando ella misma dice que se debe investigar a fondo lo que hay detrás de esas dos muertes consecutivas de los dos capitanes de navío, que a su vez se conectan con la muerte de un contralmirante Fernando Ruben Guerrero, asesinado en noviembre de 2024, tras haber denunciado al cártel huachicolero que operaba dentro de la Secretaría de Marina y que lideraban los dos sobrinos del almirante Ojeda.
La forma en la que le responde al reportero y su molestia porque le pregunten de lo que claramente se sale de la normalidad, sobre todo en medio del escándalo huachicolero, evidencia que el tema le incomoda demasiado a la presidenta. Y no es para menos, porque si sigue por esa ruta, será inevitable que tenga que reconocer lo que pasaba en el sexenio de su antecesor, donde el huachicol floreció en todas sus formas, pero ya no controlado solo por criminales y picadores de ductos, sino ahora a gran escala y de manera transnacional, con la complacencia y complicidad de las autoridades federales, desde las militares hasta las civiles. Y ya que la presidenta pide respeto para las familias de los marinos asesinados, sería bueno que su gabinete de seguridad retomara o iniciara las investigaciones que nunca se hicieron sobre la desaparición de los dos marinos asignados al hoy diputado petista, José Narro Robles.
NOTAS INDISCRETAS…Tras la visita de Marco Rubio el pasado 3 de septiembre, el gobierno mexicano ha dicho que le solicitó al secretario de Estado de Washington que también su gobierno enviara en extradición a personajes o presuntos delincuentes mexicanos que están prófugos en territorio de los Estados Unidos. Lo comentó la propia presidenta Sheinbaum hace unos días y al parecer, entre los mexicanos que su gobierno quiere que sean extraditados por el gobierno de Trump, está el nombre de Carlos Alberto Treviño, el exdirector de Pemex al que el gobierno federal le han echado el ojo para convertirlo en la carta que la 4T necesita para revivir el tema de la corrupción peñista en Pemex y poder lograr algo más de lo poco o casi nada que logró el espectáculo mediático que representó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. Incluso, ayer que a la presidenta (que parecía haber desayunado gallo) se le salió la expresión de “la maldita corrupción del pasado” en Pemex, para referirse a la era peñista y calderonista, parece que se refería a lo que puede significar Carlos Treviño para su gobierno. Y es que el fracaso rotundo que tuvo el fiscal Gertz Manero con Emilio Lozoya, al que se extraditó y se le dio trato privilegiado porque prometía desvelar la corrupción de Odebrecht en el gobierno de Peña Nieto, resultó ser un completo fraude y nunca cumplió el ofrecimiento de revelar la radiografía completa de la corrupción transexenal. Lozoya nunca aportó pruebas sólidas ni verificables. El resultado fue frustración social y un descrédito para la narrativa anticorrupción del gobierno. En contraste, Carlos Treviño aparece en un escenario distinto. Está señalado en México por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y mantiene frentes abiertos en Estados Unidos, donde las evidencias de las grabaciones de Black Cube siguen activas. Diversos medios documentaron que la reciente reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum abrió la puerta para la extradición de “peces gordos”. Fuentes cercanas al tema confirman que el regreso de Treviño a México es prácticamente un hecho. Treviño podría convertirse en el puente judicial entre México y Washington. Su caso sigue vivo en la agenda judicial y mediática de 2025 y su eventual extradición sería no solo un símbolo de combate a la corrupción, sino también un vínculo directo con José Antonio González Anaya, con el exdirector de Finanzas Juan Pablo Newman —quien reside en Miami y quien también podría estar expuesto a la misma situación que Treviño padeció con el ICE—, y con otros exfuncionarios que también ya han sido señalados en medios: René Curiel y Rodrigo Becerra Mizuno, a quienes incluso se anticipa que les serán retiradas sus visas para ingresar a Estados Unidos. La coyuntura no es casual. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que se reactivan auditorías e investigaciones sobre la gestión de Pemex bajo González Anaya y el propio Treviño. Este relanzamiento ocurre mientras el gobierno reconoce que la “maldita deuda corrupta” heredada de Calderón y Peña Nieto se ha convertido en la mayor carga para Pemex y para el país de cara a 2026. Esa deuda —inflada por proyectos improductivos y compromisos financieros opacos— es la herencia que Sheinbaum ha señalado como el principal obstáculo para rescatar a la petrolera, y fue precisamente en la época de Anaya y Treviño cuando se consolidó su peso actual. El dilema es claro. Para Treviño, el riesgo es convertirse en el único rostro castigado, el chivo expiatorio de una red mucho más amplia donde los verdaderos arquitectos políticos y financieros permanecen intactos. Para la 4T, la oportunidad es que, si Treviño decide cooperar, podría transformarse en el testigo eficaz que Lozoya nunca fue, ofreciendo rutas de contratos, pagos y redes transnacionales que por años han operado blindadas, y que hoy representan no solo corrupción política, sino la deuda más onerosa en la historia de Pemex… El Senado ha designado a Miguel Pompa Corella como su representante en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un movimiento estratégico que realizó el líder morenista, Adán Augusto López. Pompa fue secretario de Gobierno de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ahora flamante embajadora de México en Panamá. Recientemente fungió como Secretario Técnico del Comité de Evaluación de personas juzgadoras del Poder Legislativo y la apuesta del senador tabasqueño es que la experiencia de Pompa en la elección de jueces y magistrados, junto con sus habilidades como negociador y su origen no necesariamente morenista representen las posiciones de la mayoría morenista en el Senado en el diálogo con otros integrantes de la Comisión electoral, como Arturo Zaldivar y Pablo Gómez… Los dados mandaron otra Serpiente. Caída libre.
