*** Mazorca envenenada
Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
MAZORCA ENVENENADA
“¿Cuándo has visto que un puerco suelte una mazorca? ¡Nunca!”
— Manuel Clouthier
A menos, claro, que esa mazorca esté envenenada.
Hace apenas unos días relatábamos el episodio en que un contratista, cansado del saqueo institucional, interceptó al gobernador Américo Villarreal en la Torre Bicentenario para reclamarle —cara a cara— la corrupción que corroe a su propio gobierno.
Lo que parecía un incidente aislado detonó una ola de movimientos internos: renuncias, cambios súbitos y silencios incómodos en los pasillos del poder.
Justo cuando los misiles de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apuntan directo al corazón del erario tamaulipeco.
Las observaciones federales no son un rumor.
Más de 10 mil millones de pesos en irregularidades detectadas durante 2025 en 90 entes públicos —entre municipios y organismos descentralizados— pintan un mapa de desfalcos que va desde compras infladas hasta transferencias opacas.
En cualquier otro estado eso sería un escándalo.
En Tamaulipas, es rutina.
Mientras en Victoria las renuncias se maquillan de “decisiones personales”, en el puerto de Tampico una red federal de huachicol fiscal quedó al descubierto: 14 detenidos, entre ellos 6 marinos, por introducir combustible con documentación falsa.
No fue un golpe menor. Fue el recordatorio de que Tamaulipas no solo se fuga por sus carreteras, sino también por sus aduanas.
El contrabando de combustible, disfrazado de importaciones legales, fue durante años el lubricante de las campañas, los moches y las complicidades.
Hoy, las llamas llegan hasta los despachos donde se firmaron los permisos.
Pero ninguna bomba es más peligrosa que la que duerme en el sótano del IPSSET, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas.
Allí, entre expedientes amarillentos y cuentas por cobrar que jamás se cobraron, se esconde un fraude que rebasa los 2,500 millones de pesos.
Durante el sexenio de Egidio Torre Cantú, las cuotas que se descontaban religiosamente a los trabajadores estatales nunca llegaron a su destino.
La Secretaría de Finanzas de entonces prefirió registrarlas como “cuentas por cobrar” para ocultar el agujero.
Hoy, el fondo de pensiones solo tiene garantizados recursos hasta 2028. Después de eso, el abismo.
Tres denuncias penales duermen en la Fiscalía Anticorrupción.
Ningún imputado.
Ningún exfuncionario tras las rejas.
Solo el eco del silencio administrativo y el temor de una dependencia que, si hablara, derrumbaría el discurso de la “transformación moral”.
Esta semana, en una de las coordinaciones generales del gobierno estatal, relevaron a varios operadores y cómplices del titular.
Intentaron también despedir a una funcionaria.
Pero la dama, harta del cinismo, amenazó con hablar.
Con revelar el modus operandi del desvío de recursos y los nombres detrás del robo institucional.
El resultado: no la corrieron.
Le crearon una “coordinación especial” en la zona norte del estado —su tierra natal— como premio al silencio.
En Tamaulipas, la corrupción no se castiga; se reubica.
El ocaso de la impunidad.
Pertenecer a la administración estatal más corrupta en la historia de Tamaulipas no será gratuito.
La factura llegará.
Y esta vez no habrá fuero, ni sigilo, ni pactos que alcancen.
Porque la presidenta Claudia Sheinbaum —con todas las presiones de Palacio y del sistema que juró desmontar— es una mujer íntegra, de principios y de convicción.
Y, guste o no, va por los corruptos, sean quienes sean: el hermano de López Obrador, sus hijos o su operador Adán Augusto.
Su lealtad no es de sangre, es de ética.
Y cuando ese criterio se imponga, el mapa político del país cambiará.
El poder se acaba, pero el agravio queda.
Y en esa grieta —la del cinismo, la hipocresía y la manipulación del dolor— nacerá la verdadera oposición: la de los que ya no creen en la farsa.
Porque cuando los cimientos de un régimen se sostienen con mentiras y pactos de silencio, no es la oposición quien lo destruye: es la verdad, que siempre termina por filtrarse entre las grietas del miedo.
Y quizá, cuando el último funcionario se retire con el disfraz de la dignidad, el pueblo —ese que pagó la nómina, el diésel y las pensiones que se robaron—
por fin entienda que los puercos sí sueltan la mazorca…
cuando descubren que está envenenada.
