Por: REDACCIÓN/Código Visual.
TAMPICO, TAM.– Una nueva brecha social y profesional se asoma en el horizonte de Tamaulipas. La propuesta de la diputada Cynthia Jaime Castillo para crear el Colegio de Periodistas de Tamaulipas ha levantado una polvareda de dudas: ¿se está dignificando una profesión o se está creando un sistema de castas informativas?
La iniciativa, que ya descansa en las comisiones de Estudios Legislativos y Derechos Humanos, pretende «ordenar» el ejercicio comunicativo. Sin embargo, en su narrativa subyace una distinción tajante que separa a los comunicadores en dos grupos: los «profesionales éticos» y los «ciudadanos con celular».
La Gran División: El «Nosotros» vs. el «Ellos»
La propuesta legislativa parece trazar una línea imaginaria que discrimina el valor de la palabra según quién la emita:
* Los «Legitimados»: Aquellos que formen parte del Colegio, que se ciñan a sus códigos de ética y que posean una trayectoria reconocida. Estos serían los «verdaderos» periodistas, dignos de respeto y reconocimiento oficial.
Los «Intrusos»: Aquellos ciudadanos, activistas o creadores de contenido que, en palabras de la diputada, «con un teléfono se dicen periodistas». Este grupo quedaría relegado a una categoría inferior, cuya información carecería del sello de «ética» otorgado por el organismo autónomo.
El «Extrañamiento»: El castigo a la diferencia
Uno de los puntos más polémicos es la figura del Extrañamiento Público. Aunque el proyecto asegura que no tiene efectos legales, su naturaleza es puramente discriminatoria: funciona como una «letra escarlata» para señalar a quienes no cumplan con los estándares del Colegio.
Esto genera un escenario donde el ciudadano común que denuncia un acto de corrupción o un evento social podría ser exhibido públicamente por no seguir las «reglas» de un gremio al que no pertenece, socavando su credibilidad frente a la audiencia.
¿Un equilibrio o una exclusión?
Mientras la diputada Jaime asegura que busca un «equilibrio entre libertad y responsabilidad», expertos advierten que cualquier intento de «ordenar» quién tiene derecho a informar termina por discriminar a las voces independientes.
«El respeto por el periodismo no se recupera excluyendo voces, sino garantizando seguridad para todos», comentan voces críticas en redes sociales.
La iniciativa abre un debate peligroso: ¿Es la libertad de expresión un derecho de todos, o solo de aquellos que un Colegio decida certificar?
Por ahora, la moneda está en el aire en el Congreso local, mientras la ciudadanía observa con recelo cómo su derecho a informar y ser informado podría ser etiquetado como «profesional» o «irrelevante».
