Por: David Ed Castellanos Terán.
@dect1608
*** Ernestina Godoy enfrenta la batalla que México quiere postergar
Hay delitos tan silenciosos que pareciera no existen, pero, todos los días operan en la penumbra. No dejan cuerpos desmembrados en la calle ni cabezas en estacas para que se vuelvan virales, pero, igual destruyen vidas con una precisión sistemática, prolongada y brutal.
Es la trata de personas —en su expresión más cruda: la explotación sexual— es uno de ellos. Y México, sigue siendo un territorio donde este crimen no solo existe: prospera.
Durante años, el Estado mexicano reaccionó tarde, mal o nunca. Carpetas que dormían, víctimas que no eran escuchadas, redes criminales que cruzaban estados sin encontrar resistencia real y oficinas de fiscales. Por eso, cuando hoy se observa una operación que logra cerrar el círculo —investigación, cooperación internacional, detención y proceso judicial— vale la pena detenerse. No para celebrar, sino para entender si algo está cambiando.
El caso de José Luis “N”, es al menos una historia de terror que lleva a su fin. Siete años de explotación, traslados por medio país —Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca— y una extensión del delito hasta Texas, Estados Unidos. Golpes, amenazas, control económico, sometimiento psicológico. Un maldito experto en el manejo y conocimiento del manual completo de la trata.
Por fortuna. Hoy lo decimos tan claro como cuando se le critica, cuestiona y juzga su actuar. Ernestina Godoy Ramos. Al frente de la Fiscalía General de la República, no quiso ser espectadora de un show que por mucho tiempo fue “de élite”, y eligió continuidad en las investigaciones y articulación institucional, por eso, la trata que no se combate con operativos espectaculares, sino con inteligencia sostenida y coordinación que trascienda fronteras hoy tiene una verdadera enemiga en su persona.
La intervención de la FGR con la Homeland Security Investigations e Interpol en este caso revela justo eso: una lógica distinta. Ya no se trata solo de perseguir al victimario cuando el daño está hecho, sino de seguir la ruta completa del delito, incluso fuera del país. Y eso, en un crimen que se nutre de la movilidad, es clave.
Pero, doña Ernestina. Tampoco vamos a exagerar. Un caso no cambia una realidad. México sigue siendo, según organismos internacionales, uno de los países con mayor incidencia en trata de personas. Las víctimas —principalmente mujeres y menores— son captadas en contextos de vulnerabilidad: pobreza, violencia familiar, abandono institucional. La promesa de trabajo, de una vida mejor o incluso de afecto termina convirtiéndose en una trampa.
El problema de fondo no es solo criminal; es social. Mientras existan condiciones que faciliten la captación, las redes seguirán encontrando materia prima. Por eso, el verdadero desafío para la Fiscalía no está únicamente en judicializar casos, sino en impulsar con datos y estadísticas una política que fortalezca una batalla contra este delito y desde sus oficinas reducir la impunidad. Porque el negocio de la trata no se mide en víctimas: se mide en ganancias. Y mientras sea rentable, persistirá.
Ahí está la línea delgada que deberá caminar Ernestina Godoy: convertir golpes aislados en una estrategia que desgaste a las organizaciones. No basta con detener a un explotador; hay que desmontar la red, seguir el dinero, proteger a la víctima y garantizar que el proceso no termine en una sentencia diluida.
La vinculación a proceso de este caso, con prisión preventiva y un plazo definido para la investigación complementaria, manda una señal. No definitiva, pero sí distinta. En un país acostumbrado a la impunidad, cada paso que logra sostenerse en tribunales vale más que cien discursos.
El reto, sin embargo, es que deje de ser noticia.
En la intimidad… En otro frente, más institucional pero igual de relevante para el pulso del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, rendirá este 29 de abril su Segundo Informe de Labores.
No será un acto menor. En tiempos donde las universidades públicas están bajo la lupa —por resultados, por manejo de recursos y por su impacto social—, el informe representa algo más que un recuento administrativo. Es, en los hechos, una prueba de consistencia.
Anaya llega con una agenda clara: expansión de matrícula, diversificación académica, fortalecimiento de infraestructura y una narrativa que insiste en el enfoque humanista. El discurso suena correcto. La pregunta, como siempre, estará en la ejecución.
La transmisión abierta del informe es un acierto. La rendición de cuentas no debe ser un ejercicio de élite, sino un acto público. Y en una entidad como Tamaulipas, donde la educación superior juega un papel estratégico, lo que ahí se diga —y lo que se omita— tendrá lectura política.
Porque al final, tanto en la procuración de justicia como en la educación, hay algo en común: los resultados no se anuncian, se sostienen.
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