Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
¿EXPULSARÁ MORENA Y PROCESARÁ POLÍTICAMENTE A SU PROPIA GOBERNADORA?
La política mexicana padece una enfermedad terminal: la doble moral.
La corrupción roba dinero.
La impunidad destruye instituciones.
Pero la doble moral destruye algo peor: la credibilidad.
No es la corrupción. No es la impunidad. No es siquiera el autoritarismo.
Es la descarada doble moral con la que se miden los mismos hechos según el color del que los comete.
Durante años, Morena levantó su narrativa sobre una premisa que parecía inatacable: a los gobernantes hay que investigarles, a los funcionarios cuestionarlos y a los poderosos exigirles transparencia.
Bastaba una sospecha, un rumor o una filtración para exigir cabezas, investigaciones y juicios políticos.
Esa fue su bandera.
Esa fue su vara.
El caso de Maru Campos en Chihuahua es el ejemplo más reciente. Durante semanas fue sometida a una cacería política implacable.
Se le señaló desde las más altas tribunas, se exigieron responsabilidades y se amenazó con juicio político por presunta colaboración con autoridades estadounidenses.
La duda fue convertida en sentencia.
Hoy el espejo devuelve otra imagen.
Ahora la cuestionada es Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y militante de Morena.
Y la pregunta ya no puede eludirse: ¿Morena aplicará a la suya la misma vara que exigió para la adversaria?
La controversia surge de un audio atribuido a la mandataria en el que supuestamente reconoce colaboración con autoridades estadounidenses y la contratación de Michael Brian Nadler, uno de los abogados más poderosos y costosos de Estados Unidos.
Nadler no es un litigante común. Exfiscal federal en el Distrito Sur de Florida, su trayectoria se forjó en casos de alta complejidad: corrupción internacional, lavado de dinero, fraude financiero y delitos transnacionales.
Procesó al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade y participó en investigaciones ligadas a Alex Saab, señalado como operador financiero de Nicolás Maduro.
Su especialidad son los delitos de cuello blanco que involucran a Estados y grandes fortunas.
Surgen entonces preguntas que Morena no puede evadir:
¿Por qué una gobernadora mexicana requiere los servicios de un abogado con ese perfil?
¿Qué asunto de tal magnitud justifica honorarios que, según expertos, fácilmente alcanzan cientos de miles o millones de dólares?
¿Con qué recursos se pagan?
Y, sobre todo: ¿reconocer colaboración directa con agencias estadounidenses no constituye la misma injerencia extranjera y traición a la soberanía que Morena denunció con ferocidad en el caso de Maru Campos?
Estas no son preguntas capciosas.
Son las mismas que Morena formuló, sin piedad, contra sus adversarios.
Son preguntas democráticas, legítimas y necesarias.
Aquí radica la verdadera prueba de fuego para el movimiento gobernante.
Porque el problema ya no es Marina del Pilar.
El problema es Morena.
El problema es Claudia Sheinbaum.
El problema es la credibilidad de todo un discurso construido sobre supuesta superioridad moral.
Cuando la Presidenta afirma que se necesitan pruebas para acusar, tiene razón.
Pero también es cierto que ese estándar jamás fue exigido cuando la sospecha recaía sobre la oposición.
Entonces bastaban los señalamientos, las conferencias mañaneras y las filtraciones convenientes.
La congruencia no se mide cuando se juzga al enemigo.
Se mide cuando se juzga al propio.
La verdadera estatura moral de un partido no se revela en la severidad con que trata a sus adversarios, sino en la severidad con que trata a los suyos.
Porque cuando la justicia cambia de tamaño según el partido político, deja de ser justicia.
Se convierte en militancia.
Porque cuando la indignación es selectiva, deja de ser un principio.
Se convierte en una herramienta de poder.
Y cuando la moral pública sólo se aplica a los adversarios, deja de ser moral.
Se convierte en propaganda.
Morena enfrenta hoy el examen más incómodo desde que llegó al poder.
Tiene dos caminos:
O aplica el mismo criterio que exigió durante años —investigación exhaustiva, juicio político si procede y, en su caso, expulsión— o confirma que su “transformación” no fue más que propaganda selectiva y que la justicia en México sigue dependiendo del color del partido.
El país observa.
La historia registra.
Y la doble moral, tarde o temprano, se cobra.
