*** «Que Nohemí finalmente haya recibido la atención que necesitaba no significa que el sistema haya funcionado. Cuando llegó al hospital con cinco meses de embarazo, distintos mecanismos de protección y atención ya habían fallado en identificar la violencia que estaba viviendo y garantizar su derecho a la salud»: Mujeres Vivas, Mujeres Libres
Por: REDACCIÓN.
CIUDAD DE MEXICO.- Nohemí tiene 11 años. El 11 de agosto ingresó a un hospital del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, para interrumpir un embarazo de cinco meses. A esa edad, un embarazo es resultado de violencia sexual. Nohemí tenía derecho a recibir la atención médica que necesitaba y a contar con opciones frente a una situación que ninguna niña debería vivir.
Pero su historia también obliga a hacernos otra pregunta: ¿cómo llega una niña de 11 años a una emergencia de salud con cinco meses de embarazo?
En México, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a acceder al aborto y las instituciones de salud están obligadas a garantizarlo. Sin embargo, el aborto sigue siendo el único servicio de salud tipificado como delito en los códigos penales del país. Y mantener una atención sanitaria dentro del ámbito penal tiene consecuencias: alimenta el estigma y la desinformación, genera temor a pedir ayuda y puede crear barreras y retrasos en el acceso a la atención.
Para niñas como Nohemí, esas barreras son especialmente graves. Un embarazo a una edad tan temprana representa un riesgo para su salud y requiere atención oportuna, información y acompañamiento. Las niñas y adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones como eclampsia e infecciones graves; el embarazo temprano también está asociado con mayores riesgos de parto prematuro y otras complicaciones. En una niña de 11 años, retrasar la atención no es una cuestión abstracta: su salud está en juego.
“Criminalizar el aborto genera miedo, estigma, desinformación y numerosas barreras que pueden retrasar la atención”, asegura Angie Contreras, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres. “Mientras el aborto siga en el Código Penal, incluso quienes tienen derecho a acceder pueden encontrarse con un sistema que todavía lo trata bajo la lógica del delito. Para una víctima de violencia sexual, y especialmente para una niña, esas barreras pueden significar llegar tarde a una atención que necesita.”
Que Nohemí finalmente haya recibido la atención que necesitaba no significa que el sistema haya funcionado. Cuando llegó al hospital con cinco meses de embarazo, distintos mecanismos de protección y atención ya habían fallado en identificar la violencia que estaba viviendo y garantizar su derecho a la salud.
El embarazo infantil es consecuencia de violencia y también es un problema urgente de salud. Registros de la Secretaría de Salud, en 2024, 7,855 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron madres en México: casi 22 cada día. Ese mismo año, parieron 3 niñas de 10 años, 32 de 11 y 195 de apenas 12 años. Entre las madres de 10 a 17 años registradas ese año, la diferencia promedio de edad con los padres fue de 15 años y cerca del 9% ya tenía al menos un hijo o hija.
Además, es importante destacar que un embarazo a edades tan tempranas implica mayores riesgos. El Instituto Nacional de Salud Pública advierte que el riesgo de muerte materna se duplica en menores de 19 años y se cuadruplica en menores de 15.
La violencia contra las niñas puede comenzar en el hogar o en su entorno, pero también puede continuar cuando las instituciones no logran detectarlas, protegerlas o garantizarles atención a tiempo. Esa también es una forma de violencia estructural: un sistema que llega tarde, que nunca llega o que les niega su derecho a la salud.
“Ninguna niña debe ser madre. Las niñas merecen crecer seguras, poder jugar, aprender, imaginar y decidir qué quieren ser. Para que puedan hacerlo, tenemos que garantizar sus derechos: vivir libres de violencia, tener información y recibir la atención de salud que necesitan cuando la necesitan.”, señala Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres. “En México, las niñas que fueron violentadas y que, producto de ello, están embarazadas pueden abortar legalmente con la NOM 046 y no es necesario presentar denuncia previa. Avanzar con la despenalización del aborto y su eliminación de los códigos penales, también abona a defender a las niñas y adolescentes de la violencia.”
Nohemí ha recibido mucha atención de parte de los medios de comunicación y en redes sociales, pero su historia nos lleva a pensar en todas las niñas que no llegan a tiempo: quienes no saben que lo que están viviendo es violencia, quienes no tienen a quién contárselo, las familias que desconocen sus derechos o quienes encuentran miedo, estigma y barreras cuando necesitan atención.
Proteger a las niñas no termina con reconocer la violencia que han vivido. También significa acompañarlas después, cuidar su salud y garantizar que puedan acceder a todos sus derechos sin miedo ni juicio.
Las niñas merecen seguridad. Merecen salud. Merecen poder seguir soñando.
