*** El presunto líder de La Barredora busca que el gobernador de Tabasco respete el debido proceso sin prejuzgarlo
Por Víctor Hugo ARTEAGA.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (XPFM).-El ex secretario de seguridad pública del estado de Tabasco, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobernador Javier May Rodríguez, a quien señala por presuntamente vulnerar su derecho a la presunción de inocencia mediante declaraciones públicas sobre las investigaciones penales en su contra.
El escrito fue recibido por la CNDH el 31 de julio de 2026 y fue presentado desde el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “Altiplano”, donde Bermúdez Requna se encuentra privado de la libertad bajo prisión preventiva.
Sostiene que los procedimientos penales en su contra siguen pendientes y que, mientras no exista sentencia firme, debe respetarse su condición de inocente.
El eje de la queja son tres declaraciones atribuidas al gobernador.
La primera ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May Rodríguez fue cuestionado sobre quién comandaba “La Barredora”. Según el documento, respondió que “todos saben” quién lo comandaba y, ante la mención de Hernán Bermúdez, respondió afirmativamente.
El segundo episodio ocurrió el 22 de septiembre de 2025. Según la denuncia, el gobernador afirmó que en la investigación contra Bermúdez Requena “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea” y señaló que los procedimientos penales formaban parte de las acciones de su gobierno.
El tercer pronunciamiento ocurrió el 31 de marzo de 2026. La queja refiere que May declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que existía información y pruebas para integrar nuevos argumentos derivados de nuevas denuncias.
Bermúdez sostiene que, analizadas en conjunto, las expresiones habrían construido ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad anticipada.
Por ello, pide que se analicen bajo el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato extraprocesal.
La denuncia cita criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte y disposiciones de la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Su argumento es que la presunción de inocencia también limita a las autoridades cuando se refieren públicamente a personas sujetas a proceso.
Ante la CNDH, solicita que se admita la queja, se investiguen los hechos y, si se acredita una violación a sus derechos humanos, se emita la recomendación correspondiente.
Propone una disculpa pública institucional y que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras los procesos sigan pendientes.
El documento abre un nuevo frente: mientras las autoridades judiciales y ministeriales deben determinar las responsabilidades penales, la CNDH deberá analizar, en su caso, si las declaraciones atribuidas al gobernador fueron compatibles con el derecho humano a la presunción de inocencia.
La presentación de la queja no constituye una resolución de la CNDH ni determina la inocencia o responsabilidad penal de Bermúdez Requena.
Se trata de la denuncia y argumentación de una de las partes, cuya procedencia y fondo deberán ser valorados por la autoridad competente.
