Por: José Luis Castillo.
UNO.- La destitución del director operativo de Tránsito de Ciudad Victoria por una
presunta pérdida de confianza puede ser un mensaje político importante, pero está
lejos de resolver el problema de fondo. Cambiar a un funcionario no modifica un
sistema que desde hace años genera inconformidad entre los ciudadanos.
Nadie discute que los operativos de Tránsito son necesarios. Su objetivo es
prevenir accidentes, hacer cumplir el reglamento y proteger vidas. Tampoco sería
justo responsabilizar a todos los elementos por las malas actuaciones de algunos.
El verdadero problema comienza cuando una infracción se convierte en una
pesada carga económica para el ciudadano.
El aseguramiento de un vehículo desencadena una cadena de gastos que muchas
veces resulta desproporcionada: el servicio de grúa, el ingreso al corralón, el cobro
por estancia y otros conceptos que terminan convirtiendo una multa en un castigo
económico excesivo. Ahí es donde realmente se lastima el bolsillo de las familias,
y ese es un tema que exige una revisión profunda.
A ello se suma otro asunto que permanece pendiente: los parquímetros. Miles de
automovilistas pagan diariamente por estacionarse, pero persiste la pregunta que
nadie responde con claridad: ¿a dónde va ese dinero? La ciudadanía tiene
derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se administra y en qué obras o
servicios públicos se invierte.
La supervisión encubierta anunciada por las autoridades puede ayudar a inhibir
abusos y mejorar el comportamiento de los agentes, pero será insuficiente si no se
revisa todo el esquema de sanciones, los costos asociados al traslado y resguardo
de vehículos, así como el destino de los recursos que generan tanto las multas
como los parquímetros.
La confianza ciudadana no se recupera únicamente con destituciones. Se
reconstruye con transparencia, reglas justas y cuentas claras. Ese es el verdadero
reto que tienen hoy las autoridades municipales.
DOS.- La firma del convenio para el Fortalecimiento del Servicio Público entre la
Secretaría de Economía y las principales instituciones de educación superior del
país es el reconocimiento de que las universidades son actores estratégicos en la
formación del capital humano que requiere México para enfrentar los retos de una
administración pública moderna y eficiente.
En ese escenario, la presencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
adquiere un significado especial. La incorporación de la UAT a esta alianza
nacional confirma que la institución ha logrado posicionarse en espacios donde
antes predominaban universidades con una larga tradición de presencia nacional,
lo que habla de un trabajo constante de vinculación y fortalecimiento académico
en la UAT.
La participación del rector Dámaso Anaya Alvarado no fue solamente testimonial.
Su exposición sobre la educación dual y la formación técnica dejó en claro una
visión que busca conectar las aulas con las necesidades reales del sector público
y productivo. Se trata de una propuesta que privilegia la experiencia práctica, la
innovación y la formación de profesionistas preparados para responder a los
desafíos del presente.
Estos resultados reflejan una gestión que ha impulsado la vinculación institucional,
la apertura de nuevos espacios de colaboración y el fortalecimiento de la
presencia de la UAT en la agenda educativa nacional. Importante destacar que la
universidad ha dejado de mirar únicamente hacia el ámbito regional para
convertirse en un interlocutor con las principales instituciones académicas y con el
propio Gobierno de México.
TRES.- La renovación de la dirigencia de la Sección 30 del SNTE será una prueba
para la vida democrática del sindicalismo magisterial en Tamaulipas. No se trata
únicamente de elegir nuevos liderazgos, sino de demostrar que los tiempos de las
imposiciones, las presiones y las decisiones tomadas desde la cúpula realmente
han quedado atrás.
El llamado que hizo de Naif Hamsho y Abelardo Ibarra a construir un proyecto de
unidad desde las bases resulta significativo. Su planteamiento de recorrer el
estado, escuchar a maestros en activo, jubilados y personal de apoyo envía un
mensaje distinto al de las candidaturas construidas desde un escritorio o
impulsadas por grupos de poder.
Si, como han denunciado diversos actores del magisterio en distintos momentos,
existen intentos de intimidación, amenazas o presiones para desalentar la
participación de quienes piensan diferente, esas prácticas deben ser desterradas.
Ningún sindicato fortalece su legitimidad cuando el miedo sustituye al debate o
cuando la estructura se utiliza para favorecer intereses particulares.
La invitación de Naif Hamsho y Abelardo Ibarra no fue a la confrontación, sino a la
suma. Incluso convocaron a quienes hoy forman parte de la dirigencia sindical a
incorporarse a un proyecto dw unidad magisterial donde prevalezca el diálogo y el
interés colectivo por encima de las diferencias personales o de grupo. Esa
apertura merece ser atendida con la misma disposición.
La Sección 30 necesita un proceso interno donde prevalezca la libertad de
expresión, el respeto a la pluralidad y el voto consciente de los trabajadores. La
fortaleza de un sindicato no radica en la capacidad de controlar a sus agremiados,
sino en la confianza que estos depositan en sus dirigentes.
Si el objetivo es fortalecer al SNTE, porque simplemente ya nadie cree en su
dirigencia, el camino no puede ser la descalificación ni las presiones. La unidad
auténtica solo será posible cuando todos los maestros tengan la certeza de que
pueden participar, opinar y decidir sin temor a represalias. Ese sería el mejor
mensaje para un magisterio que demanda representación, transparencia y una
dirigencia que responda verdaderamente a sus bases.
