Por José Luis Castillo.
UNO.- El emplacado obligatorio de motocicletas pudiera ser una herramienta de
orden, legalidad y seguridad dado que contar con un padrón confiable permitirá a
las autoridades identificar con mayor rapidez los vehículos involucrados en robos,
asaltos u otros delitos, cerrando espacios a la impunidad.
Sin embargo, vale la pena resaltar que el beneficio de esta medida va más allá del
combate a la delincuencia. En muchas ciudades es evidente el crecimiento
desordenado del uso de motocicletas, donde una parte importante de los
conductores circula sin placas, sin licencia, sin casco, con luces apagadas o
modificadas, y violando de manera constante el reglamento de tránsito. Estas
conductas no solo ponen en riesgo la vida de quienes conducen, sino también la
de peatones y automovilistas.
Por esto es importante señalar que la regularización debe ir acompañada de una
aplicación firme y pareja de la ley. Además del emplacado; también es
indispensable reforzar la vigilancia, sancionar a quienes incumplan las normas y
promover una verdadera cultura de educación vial. Quien utiliza una motocicleta
como herramienta de trabajo o medio de transporte merece condiciones de
seguridad, pero también tiene la responsabilidad de respetar las reglas.
Poner orden nunca será una mala decisión cuando el objetivo es proteger a la
ciudadanía. Un registro vehicular eficiente, como lo propone la Diputada Katalyna
Méndez, por cierto, la mejor ubicada en las encuestas para buscar la presidencia
municipal de Victoria abanderada por MORENA, registro combinado con una
supervisión efectiva y el cumplimiento del reglamento, puede contribuir tanto a
reducir la incidencia delictiva como a disminuir los accidentes ocasionados por la
imprudencia. La seguridad y el respeto a la ley deben ser obligaciones
compartidas entre autoridades y ciudadanos.
DOS.-El crecimiento de la matrícula en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
representa una noticia alentadora para el desarrollo educativo del estado dado que
superar los 40 mil estudiantes de licenciatura no solo refleja una mayor confianza
de los jóvenes en la institución, sino también el compromiso de la universidad por
ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
La apertura de nuevas licenciaturas, especialmente en áreas de innovación
tecnológica, ingeniería biomédica, medicina y otros campos estratégicos,
responde a una realidad que exige profesionistas mejor preparados para enfrentar
los retos de un mercado laboral cada vez más competitivo. La educación pública
debe evolucionar al ritmo de las nuevas demandas económicas y sociales, y la
UAT parece estar dando pasos importantes en esa dirección.
Sin embargo, el crecimiento en el número de estudiantes también implica una gran
responsabilidad. No solo basta con incrementar la matrícula; sino que también es
indispensable garantizar la calidad académica, fortalecer la infraestructura, ampliar
los espacios, laboratorios y servicios, así como asegurar que los egresados
cuenten con las competencias necesarias para incorporarse con éxito al mundo
laboral, como lo proyecta la UAT.
El proyecto del rector Dámaso Anaya Alvarado para construir una nueva Facultad
de Medicina en Ciudad Victoria es otro paso que puede resultar estratégico para
Tamaulipas, particularmente ante la necesidad de formar más profesionales de la
salud y atender la demanda de servicios médicos en distintas regiones del estado.
No hay que olvidar que la educación es, sin duda, una de las inversiones más
importantes para cualquier sociedad. Cada nuevo espacio universitario representa
una oportunidad para transformar la vida de un joven y, al mismo tiempo, contribuir
al desarrollo económico, científico y social de Tamaulipas, hay que decirlo.
TRES.- La seguridad siempre debe ser una prioridad cuando se habla de
instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos. Nadie puede estar en contra de
que los paneles solares se coloquen correctamente y bajo normas técnicas que
eviten accidentes o daños al patrimonio de las familias. Sin embargo, cualquier
intento de regulación debe encontrar un equilibrio entre la protección de los
ciudadanos y la creación de nuevas cargas administrativas.
Lo que menos necesita la población es enfrentar más trámites, permisos o
requisitos que terminen encareciendo una tecnología que precisamente busca
ayudar a reducir el costo de la energía eléctrica. Si el objetivo es fomentar las
energías limpias, el camino debería ser facilitar su adopción, no complicarla con
procesos que podrían convertirse en obstáculos para quienes desean invertir en
este tipo de sistemas.
Tampoco parece necesario crear nuevas figuras de supervisión o asesoría cuando
el mercado ya cuenta con empresas y técnicos especializados que ofrecen este
servicio. Quien instala paneles solares asume una responsabilidad profesional y,
como ocurre con cualquier trabajo técnico, debe responder por la calidad de su
instalación. Si existen negligencias, fallas o daños ocasionados por una mala
ejecución, los propietarios tienen el derecho de exigir garantías, solicitar la
reparación correspondiente e incluso presentar las denuncias civiles o penales
que procedan contra quienes hayan actuado de manera irresponsable.
Más que aumentar la burocracia, lo que corresponde a las autoridades del orden o
nivel que sean es hacer cumplir las leyes que ya existen, sancionar a quienes
realizan trabajos sin cumplir las normas de seguridad y proteger a los
consumidores frente a prestadores de servicios negligentes. La solución no está
en multiplicar regulaciones, sino en aplicar correctamente las que ya contempla la
legislación fuera de protagonismos, así de fácil.
