Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
ALTAMIRA, TAM.- En medio de cuestionamientos sobre presuntas
irregularidades en la contratación de personal para el gobierno municipal, el regidor
Ismael Mex defendió su actuación como una “gestión social legítima” y rechazó
haber incurrido en conflicto de intereses o violaciones a la normativa constitucional.
La polémica surge tras su aparición en imágenes donde se le observa entregando
documentación al secretario de Servicios Públicos, Jesús Rodríguez, dejando
entrever la opacidad en los procesos de contratación.
Durante una entrevista marcada por la tensión, el funcionario sostuvo que su
intervención se limita a canalizar solicitudes de ciudadanos que buscan una
oportunidad laboral, particularmente en esquemas de empleo temporal autorizados
por la administración municipal. “Estamos tratando de ayudar lo que se pueda
acomodar a la gente que realmente tiene mucho tiempo esperando. Cuando menos
que tenga una oportunidad”, explicó.
El señalamiento central de la entrevista exclusiva se enfocó en la ausencia de
convocatorias públicas y en la posible discrecionalidad en la selección de
aspirantes, lo que, desde una perspectiva jurídica, podría contravenir principios de
imparcialidad y legalidad previstos en la Constitución. En particular, se aludió a los
artículos 108 y 134, que regulan la conducta de los servidores públicos y el uso de
recursos públicos.
Frente a ello, Mex insistió en que no existe intervención directa en la toma de
decisiones. “Yo no autorizo. El que autoriza es el secretario”, afirmó, precisando que
las solicitudes que recibe son únicamente turnadas para su análisis por las áreas
competentes. Según su versión, la facultad de contratación recae exclusivamente en
las direcciones y departamentos responsables, incluyendo recursos humanos.
Sin embargo, se le cuestionó sobre la naturaleza de esta intermediación, señalando
que incluso la sugerencia de candidatos podría interpretarse como una forma de
influencia indebida. “De venir un funcionario de primer nivel, eso es conflicto de
intereses”, se planteó, insistiendo en que la falta de mecanismos públicos abre la
puerta a prácticas discrecionales.
El regidor rechazó categóricamente esta interpretación. “No estamos cayendo en un
error. Estamos haciendo correctamente las cosas”, respondió. A su juicio, la entrega
de documentación no implica una selección previa ni una imposición de perfiles,
sino un acto de gestión en favor de ciudadanos que buscan empleo. “Yo estoy
entregando documentación para que ellos analicen”, reiteró.
El núcleo del debate radica en la delgada línea entre la gestión social —una práctica
común en la política local— y la posible vulneración de los procedimientos
institucionales. Mientras Mex defiende su papel como enlace entre la ciudadanía y el
gobierno, el actuar pudiera contravenir en acciones que erosionan los principios de
transparencia y equidad en el acceso al empleo público.
La entrevista también evidenció inconsistencias en el proceso descrito por el
regidor. En un momento, reconoció que las listas que maneja incluyen personas
“que ya están dentro” del sistema, lo que sugiere la existencia de duplicidades o
falta de claridad en los registros. Posteriormente, indicó que solicita documentos de
“nuevos” aspirantes cuando se detectan vacantes, aunque sin detallar los criterios
de selección.
Al ser confrontado sobre si “palomea” a quienes ingresan, Mex negó cualquier tipo
de filtrado o selección previa. “No, no, no. Yo no meto mano”, respondió, aunque
admitió que recibe y canaliza solicitudes de manera directa. Esta dinámica fue
cuestionada en la entrevista, insistiendo en que el procedimiento debería realizarse
exclusivamente a través de canales institucionales formales.
El regidor también apeló a limitaciones presupuestales como factor determinante en
la contratación. “Por cuestiones presupuestales no se puede meter”, señaló,
enfatizando que las plazas disponibles dependen de autorizaciones previas y de la
existencia de vacantes. En ese sentido, sostuvo que su intervención no altera el
proceso, sino que se limita a presentar casos para su eventual consideración.
No obstante, el señalamiento de fondo persiste: la ausencia de convocatorias
públicas y la participación activa de un servidor público en la canalización de
aspirantes generan dudas sobre la equidad del proceso.
En sistemas administrativos modernos, la transparencia en el reclutamiento es un elemento
importante para garantizar la confianza ciudadana y evitar prácticas clientelares.
La entrevista cerró sin un consenso claro. Al tiempo que se le específica que “hay
un procedimiento que se está evadiendo”, el regidor reiteró que no puede “brincar
las cerquillas” y que su papel no sustituye a las instancias formales. “Yo soy un
regidor. No puedo convocar a la gente. Ellos son los que tienen la obligación de
hacerlo”, afirmó.
