Por Agustín Peña Cruz
Altamira, Tamps.- A tan solo un mes de haber iniciado la administración municipal, la aparente unidad del cabildo encabezado por el alcalde Armando Martínez Manríquez parece tambalearse puesto que en una votación inesperada y polémica, nueve regidores, incluyendo a integrantes de su propio partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), rechazaron la Ley de Ingresos para 2025, señal de una fractura interna que amenaza con complicar la gobernanza en Altamira.
TENSIONES EN EL CABILDO
La última sesión de cabildo, celebrada el jueves 7 de noviembre, terminó en un abrupto desalojo de asistentes debido a la escalada de tensiones. Ya que testigos directos de los hechos señalan que el alcalde y varios regidores discutieron acaloradamente antes de que Martínez ordenara la salida de todos los presentes para evitar que las disputas se vieran públicamente.
Según reportes extraoficiales, el síndico segundo, Ricardo Vega Barrón (Morena), junto con los regidores Abelardo Garcés Reyes (Morena) y Edgar Mauricio Medina Magaña (PT), se opusieron abiertamente a la propuesta del alcalde, una postura sorprendente ya que todos comparten origen partidista con él, muy cercanos puesto que vienen de una reelección.
Cebe precisar que el rechazo a la propuesta no solo fue respaldado por estos tres regidores de Morena y el PT, sino también por seis ediles de la oposición, lo que en total resultó en nueve votos en contra de la ley, aprobada finalmente por mayoría. Aun cuando las cámaras de la transmisión en vivo enfocaron únicamente al alcalde y al secretario, los gestos y señas entre los involucrados delataron el descontento creciente.
LA LEY DE INGRESOS: AUMENTOS Y DEPENDENCIA DE FONDOS FEDERALES
La propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2025 proyecta una recaudación de $1,890,000,000.00, un 14.89% más que el año anterior, con incrementos en diversas áreas de impuestos y derechos que han despertado inquietud en el cabildo.
De este monto, $122,288,700.00 se estiman provengan de impuestos, con un aumento notable en los rubros de Patrimonio y Producción. No obstante, la gran mayoría del presupuesto, un 88.63%, depende de transferencias y participaciones federales, una situación que algunos consideran crítica ante la falta de mayor autonomía financiera del municipio.
Además, las tarifas de servicios municipales y multas administrativas también se incrementarían, incluyendo derechos de uso de vía pública, permisos para eventos en espacios públicos y sanciones para el comercio informal.
Por otra parte, en relación con las tarifas de Protección Civil y Bomberos se ajustarían en UMAs, afectando principalmente a las actividades comerciales.
¿UNA SEÑAL DE INDEPENDENCIA O UN MOTÍN POLÍTICO?
La negativa de los regidores morenistas a respaldar la propuesta es inédita en la administración de Armando Martínez, quien hasta ahora había contado con el apoyo unánime de su cabildo.
Mientras que, las fuertes especulaciones sobre las causas de este rompimiento no se han hecho esperar: algunos apuntan a desavenencias en la distribución de poder y recursos, mientras otros insinúan que la ruptura es solo una muestra de independencia de los regidores, similar a lo observado recientemente en otros municipios como Victoria, donde el cabildo ha mostrado resistencia a seguir ciegamente las directrices del ejecutivo municipal.
Por ello, quedan preguntas en aire: ¿han decidido los regidores de Morena distanciarse del alcalde? ¿O es este enfrentamiento una estrategia para reafirmar la autoridad de los regidores en las decisiones municipales, dejándole claro a Martínez que no están dispuestos a ser meros espectadores en la política local?.
Al tiempo que crece, la incertidumbre está puesta en marcha, y muchos ciudadanos esperan que el cabildo explique las razones de su negativa, especialmente si esta implica ajustes en las tarifas e impuestos que afectan a la ciudadanía.
GOBERNABILIDAD FRÁGIL
La sesión y las crecientes tensiones internas son un reto al liderazgo de Armando Martínez habría estado manteniendo desde su primera administración (2021-2024) y podrían marcar un precedente en el funcionamiento de su administración actual (2024-2027).
De hecho, la comunidad altamirense observa con interés y cierta preocupación esta disputa que revela una fragilidad política que no se había manifestado tan abiertamente en la administración anterior.
De seguir estas tensiones, el cabildo enfrentará la lucha de restablecer el diálogo para asegurar un gobierno eficiente y transparente.
Mientras que la ciudadanía demanda transparencia y claridad sobre el impacto de esta ley de ingresos en sus bolsillos, sostienen regidores. Puesto que, de ser aprobado sin revisiones, el incremento proyectado en impuestos y tarifas podría impactar a pequeños negocios, eventos comunitarios y otros sectores vulnerables.