
Por: Omar LARA MARTÍNEZ.
CIUDAD MADERO, TAM.- La suspensión del reemplacamiento vehicular, aprobado por la mayoría del Congreso local, le podría costar al gobierno de Tamaulipas alrededor de 160 millones de pesos y una demanda mercantil, debido a la existencia de un contrato con un proveedor.
Así lo dio a conocer el diputado local Carlos Fernández Altamirano, señalando que de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, el estado ya tenía un contrato con un proveedor, quien prácticamente ya tenía terminada la elaboración de las placas para los vehículos, pero con la suspensión, éstas no se entregarán.
Destacó que como cualquier empresa podría demandar al estado, para exigir el pago del monto estipulado en el contrato, algo que afectará todavía más las finanzas del gobierno estatal.
Mencionó que por ello es que fue tan específico en su negativa de aprobar el dictamen, pues afectará otros rubros.
Fernández Altamirano, añadió que dicho dictamen se aprobó careciendo de impacto presupuestal y regulatorio, pues al parecer no se tomaron en cuenta las consecuencias que traería.